El seguro sanitario es obligatorio para todos los ciudadanos, a excepción de aquellos con un alto nivel de renta que quedan excluidos y obligados a suscribir seguros privados, pudiendo emanar del sistema de Seguridad Social otros beneficios como pueden ser el seguro de desempleo o las pensiones.

La gestión de los recursos sanitarios se realiza de forma independiente por las denominadas "cajas", entidades o fondos de seguro sanitario, los cuales tienen un presupuesto definido y su propio estatus legal, asegurándose así la independencia del gobierno, aunque éste ejerce una fuerte función reguladora con el objeto de controlar los costes del sistema. Así, por ejemplo, a través de acuerdos entre el gobierno y la asociación de entidades de seguro, se define un paquete básico de prestaciones o servicios que debe estar presente en cada una de las aseguradoras. De forma adicional, cada entidad puede ofrecer otros beneficios complementarios al paquete básico definido y son estas entidades las que negocian con las asociaciones profesionales las tarifas por servicio.

El modelo bismarckiano también ofrece protección contra una posible selección de pacientes por perfil de riesgo, evitando así que las aseguradoras seleccionen a los pacientes más sanos por ser los que consumen menos recursos. Francia, Holanda, Austria y Alemania son países europeos con este tipo de modelo sanitario.