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Disminución de la población activa en el sector. En el último decenio, se ha constatado una disminución en el número de buques de la flota pesquera española,
hecho que deriva directamente en una disminución de los efectivos. Se está constando, a la vez, un proceso de envejecimiento
de la población activa del sector. Las perspectivas inciertas que vive el sector no son nada motivadoras para la integración
de nuevas generaciones.
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Necesidad de modernizar la flota actual. El número de empresas pequeñas existentes en España es bastante elevado, pero su dimensión limita las posibilidades de invertir
para reconvertir los barcos y los aparatos de pesca. Éste también es un sector que precisa de adaptación a las nuevas demandas
debido a la introducción de nuevas tecnologías, a la introducción a la política pesquería comunitaria, a la generalización
de sistemas de congelación, a la crisis de la industria de la salazón y la conserva de la sardina, entre otros. La flota más
moderna se localiza en Galicia, el País Vasco y en las Canarias. Por el contrario, la flota del Mediterráneo se ha centrado
en la pesca del litoral y costera, con empresas más pequeñas y está más envejecida.
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Problemas en los caladeros externos e imposición de cuotas comunitarias: la extensión de las aguas jurisdiccionales a 200 millas por parte de los países en las costas donde pescaban los barcos
españoles (como Marruecos o el Canadá) ha perjudicado a la flota española. La fuerte crisis generada ha provocado la reducción
de la flota y ha llevado a pactar acuerdos con los Estados propietarios de los caladeros.
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Disminución del volumen de pesca debido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros. De hecho, un 60% de los pescadores españoles pesca en caladeros nacionales
que, por otro lado, están sobreexplotados y sólo aportan un tercio del valor de los desembarcos.
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Contaminación de las aguas marinas y, por lo tanto, el problema de la conservación de la biodiversidad.
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