La entrada de España en la Unión Europea en 1986 generó cambios estructurales y de productividad en el contexto del sector primario. En sus orígenes, la CEE pretendía proveer a los países comunitarios fomentando el aumento de la productividad y conseguir elevar las rentas agrarias, pero la entrada de España se da en un contexto de cambio y las expectativas iniciales no se cumplieron, lo que provocó en los agricultores españoles una cierta desorientación, teniendo en cuenta los esfuerzos que se estaban llevando a cabo para aumentar la productividad y obtener productos competitivos.

Por lo tanto, los agricultores españoles han tenido que adaptar sus explotaciones a las leyes comunitarias en un contexto de globalización económica, de liberalización del comercio mundial, de recientes incorporaciones a la Unión Europea, de la reforma de las políticas regionales, del desarrollo tecnológico y de la aparición de nuevas demandas de calidad y seguridad alimentaria por parte de los consumidores.

Desde la adhesión a la Unión Europea en 1986, la política agraria española está condicionada por la política agrícola común (PAC*), que tiene como objetivos prioritarios aumentar la productividad y el nivel de vida de los campesinos, estabilizar los mercados y asegurar unos precios razonables al consumidor. Los objetivos de la PAC se pretenden lograr mediante la unidad de mercado (supresión de barreras arancelarias entre países miembros) y una preferencia comunitaria ante los países extracomunitarios.

Además de los objetivos mencionados, la PAC incluye medidas de tipo socioestructural de apoyo a las regiones montañosas, a las que corren peligro de despoblamiento y a las que tienen problemas específicos, como salinidad o suelos pantanosos. Esta política implica una política de subvenciones gracias a la cual más de las tres cuartas partes del territorio español se benefician de la financiación del Fondo Europeo de Organización y Garantía Agrícola (FEOGA). Desde 1991, en España se han puesto en marcha los programas LEADER I y LEADER II, que ayudan a potenciar los recursos de las comarcas rurales con baja densidad de población mediante subvenciones a proyectos innovadores que contribuyen a diversificar las actividades económicas en estas zonas con atraso.

España ha recibido el programa correspondiente al periodo 2007-2013, con una asignación de ayuda de 7.213 millones de euros, con la aprobación por parte de la Comisión Europea del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, que incluye como objetivos prioritarios: Aumentar la productividad de la agricultura y de la silvicultura para lograr un grado de competitividad alto en cuanto a los mercados internacionales. Desarrollar la industria agroalimentaria, la primera del sector industrial español. Mejorar el medio ambiente y fomentar la mejora de la calidad de vida en el entorno rural.

Esta adhesión a la Unión Europea ha tenido efectos en la comercialización de los productos agrarios. Según los datos de Eurostat, representaron en 1994 el 17% de las exportaciones españolas y casi el 14% de las importaciones. Desde la adhesión al entorno comunitario, el comercio con los países miembros no ha parado de incrementarse y las últimas incorporaciones a la UE han contribuido a aumentar el volumen de las exportaciones. Asimismo, la mayor parte del volumen de importaciones agrarias proviene de la UE. Según los datos recientes, se exportan, principalmente, frutas (23%), legumbres y hortalizas (13,6%), aceites, bebidas, conservas vegetales, entre otros, y se importan, sobre todo, productos ganaderos, especialmente cárnicos. Para mejorar las exportaciones, se buscan productos de calidad y siempre se trata de obtener la denominación de origen. Por la importancia comercial que tienen, destacan las denominaciones de origen de vinos y quesos.

En relación con la pesca, la Unión Europea también regula el sector y las ayudas. A pesar de la modesta aportación de la pesca a la economía de los Estados miembros (menos de un 1% en la mayoría de los casos), muchas comunidades locales dependen de la renta de los pescadores que trabajan en la Unión.

La PPC regula la conservación, gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos, la acuicultura y la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, cuando estas actividades se desempeñan en el territorio de los Estados miembros o en aguas comunitarias. Los aspectos que, de manera directa, regulan los reglamentos son, de forma sintética:

• Velar por la explotación sostenible de los recursos, teniendo en cuenta los aspectos medioambientales, económicos y sociales.

• Establecer limitaciones de capturas a partir de las tasas de explotación pesquera que fijan los totales de captura admisibles.

• Aplicar el régimen de esfuerzo pesquero, que establece un vínculo entre las capturas (pesca) y la capacidad de pesca (fuselajes) de la flota

• Establecer medidas técnicas: tamaño de las redes y tamaño mínimo y peso de las capturas que llegan a puerto.

• Incentivar la pesca selectiva.

• Los buques comunitarios gozan de la misma libertad de acceso a las aguas y a los recursos, a excepción de las doce millas costeras.

• Establecer un nuevo sistema de licencias de pesca para los buques pesqueros comunitarios que trabajan dentro y fuera de las aguas de la Unión.

También existen las normas que integran la organización común del mercado de la pesca en la Unión Europea, destinadas a estabilizar el mercado, a garantizar una oferta regular de productos de calidad y unos precios razonables para los consumidores y a apoyar la renta de los pescadores.

En el periodo 2007-2013, el Fondo Europeo de la Pesca dispone de 3.850 millones de euros y los Estados miembros son quienes deciden su distribución entre las diferentes prioridades. Se pueden destinar a la pesca marítima e interior, las empresas acuícolas, las organizaciones de productores, la industria de transformación, el sector de la distribución y la diversificación económica de las comunidades de pescadores.