En el actual marco de la Unión Europea, las directivas comunitarias han sido las herramientas básicas para lograr la armonización contable. La Cuarta Directiva (1978) para las cuentas individuales y la Séptima Directiva (1983) para las cuentas consolidadas, han obligado a los Estados miembros a adaptar su legislaciones mercantiles y contables en busca de la deseada armonización. Sin embargo, el elevado grado de discrecionalidad que han permitido estas directivas ha impedido alcanzar el grado de uniformidad esperado en las prácticas contables de los diferentes países de la UE.

Además, la creciente globalización de los mercados ha planteado el problema de la comparabilidad de la información contable más allá de los límites de la UE, especialmente en Estados Unidos. No es extraño el caso de empresas europeas que acuden a los mercados internacionales en busca de financiación y tienen que reelaborar sus estados contables según los criterios imperantes en dichos mercados, añadiendo un considerable incremento en los costes.

Esta situación ha llevado a los organismos europeos a reflexionar sobre el camino a seguir para mejorar la comparabilidad de la información financiera. Ante este panorama, la Unión Europea adoptó en 1995 una nueva estrategia de armonización, mostrando su preferencia por las normas internacionales de contabilidad (NIC) promovidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

El primer resultado tangible de esta estrategia fue la decisión de la Comisión Europea por la que todas las sociedades de la UE que coticen en bolsa y elaboren estados financieros consolidados deberán ajustarse, a partir del 2005, a los criterios impuestos por las NIC. Además, la previsible implantación en todos los países de la UE de estas NIC requerirá modificaciones legislativas importantes. Por este motivo, y a instancias del Ministerio de Economía, se constituyó en nuestro país una comisión de expertos con el objeto de elaborar un informe sobre la situación actual de la contabilidad y proponer las líneas básicas que debía seguir la reforma.

Los trabajos de esta comisión finalizaron en junio de 2002 con la aprobación de un informe conocido como el Libro blanco para la reforma de la contabilidad en España. Los asuntos que trata el libro blanco afectan, entre otros, a la valoración de los activos y pasivos, a los contenidos y estructura de los estados contables, a la contabilidad de las pequeñas empresas y a las modificaciones a introducir en el régimen legal de la contabilidad en España.