Actividad financiera del sector público

1.2.1.Introducción

Ingresos no financieros		Ingresos financieros
1) Impuestos directos 2) Impuestos indirectos 3) Tasas y otros ingresos 4) Transferencias corrientes 5) Ingresos patrimoniales	6) Enajenación inversiones reales 7) Transferencias de capital	8) Activos financieros
Ingresos corrientes	Ingresos de capital

2005
		(millones de €)	% del total	% del PIB
Ingresos corrientes	Impuestos directos	99.349	27,9	11,0
	Cotizaciones sociales	117.144	32,9	12,9
	Impuestos indirectos	109.852	30,9	12,1
	Otros	23.375	6,6	2,6
Ingresos de capital	Transferencias	5.966	1,7	0,7
Ingresos no financieros		355.686		39,3

Ingresos públicos
1) Impuestos directos 2) Impuestos indirectos 3) Tasas y otros ingresos 4) Transferencias corrientes 5) Ingresos patrimoniales	6) Enajenación de inversiones reales 7) Transferencias de capital	8) Activos financieros
Ingresos tributarios	Ingresos no tributarios
Impuestos Tasas Contribuciones especiales	Transferencias (corrientes y de capital) Ingresos patrimoniales Enajenación de activos Endeudamiento Emisión de dinero

1.2.2.Ingresos tributarios

1.2.3.Dimensión del sector público desde la óptica de los ingresos

	1965	2005
Renta de las personas físicas	14,3	18,0
Renta de sociedades	9,2	10,8
Cotizaciones de la empresa	21,7	23,6
Cotizaciones del trabajador	6,5	5,3
General sobre el consumo	22,2	17,5
Especiales sobre el consumo	18,4	8,7
Propiedad	6,4	8,4

1.3.1.Estructura impositiva y características de un sistema tributario

1.3.2.Los índices representativos de la capacidad contributiva de los individuos

• la renta,

• la riqueza,

• el consumo.

1.3.3.Clasificación de los impuestos

1.3.4.La imposición sobre la renta

• El impuesto sobre la renta de las personas físicas constituye una de las fuentes de recursos más importante del sector público en las economías desarrolladas. Su importancia dentro de los diferentes sistemas tributarios no solo radica en su capacidad recaudatoria, sino que también se apoya en la valoración de la renta, como un buen índice para medir la capacidad de pago de los contribuyentes.

• El impuesto sobre la renta de las sociedades, al contrario que el anterior, supone un porcentaje muy reducido de recaudación en el conjunto de ingresos fiscales de los diferentes países. Su importancia radica básicamente en el elemento gravado (las sociedades), así como en la complejidad de sus efectos sobre la asignación de los recursos.

1.3.5.La imposición sobre la riqueza

1.3.6.La imposición sobre el consumo

1.4.1.El sistema español de Seguridad Social

Artículo 41 de la CE

"los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de paro. La asistencia y las prestaciones complementarías serán libres."

1.4.2.La financiación de la Seguridad Social: las cotizaciones sociales

1.4.3.Alternativas de financiación de la Seguridad Social

1.5.1.Equilibrio presupuestario

1.5.2.Concepto y clasificación de la deuda pública

Emisión	Suscripción	Conversión	Extinción
El Tesoro Público decide obtener fondos mediante el endeudamiento frente a los particulares. Se fijan las características técnicas de la emisión: institución responsable de la emisión, importe global y carácter de la deuda (interna o externa), valor monetario de cada título y titularidad (nominativo o al portador), precio de emisión, tipo de interés (fijo o variable), plazo de vencimiento, régimen fiscal y garantías.	Es el ofrecimiento público de los títulos de deuda en una plaza financiera nacional o extranjera. Una vez hecha pública la suscripción, los títulos pasan a ser activos financieros; en consecuencia, pueden ser objeto de negociación en los mercados oficiales de capitales.	Es la reducción del tipo de interés de la deuda con el consentimiento de los acreedores (o la alternativa de reembolso del capital prestado). Para que el emisor pueda proponer la conversión será preciso que: el reembolso del empréstito sea posible, el tipo de interés haya descendido por debajo del interés devengado por la deuda pública.	Los títulos dejan de ofrecer derechos económicos y se produce el reembolso del capital a sus propietarios (es decir, la devolución del préstamo). Este proceso se conoce como amortización de la deuda.

• explícitos: pagos en efectivo de la cantidad correspondiente en los plazos establecidos (trimestral, semestral, anual, etcétera);

• implícitos: el interés se capitaliza y se descuenta del valor de adquisición del título, y la rentabilidad se obtiene "al descuento", por diferencia entre el valor de adquisición y el valor (nominal) de reembolso del título.

1.5.3.Amortización de la deuda pública

• Si la anualidad es creciente, la cuota de amortización deberá ser creciente, puesto que la cuota de intereses será siempre decreciente, al calcularse sobre un capital cada vez más pequeño.

• Si la anualidad es constante, la cuota de amortización será también creciente, ya que la cuota de intereses es cada vez menor.

• Si la anualidad es decreciente, significa que amortizamos anualmente una misma cantidad, de manera que la cuota de intereses disminuirá de año en año.

Supuestos de amortización anticipada de la deuda
Renuncia voluntaria	El tenedor de la deuda renuncia a sus derechos económicos en cualquier momento de la vida de su ciclo vital.
Repudio de la deuda	El Estado declara, de forma unilateral, que no va a pagar, en parte o en su totalidad, los intereses y/o el capital de la deuda.
Conversión de la deuda	El Estado ofrece un canje de títulos; los propietarios que no lo aceptan tendrán derecho al reembolso íntegro del capital anticipadamente.
Estrategia de autocartera	El Estado "rescata" (compra) los títulos de deuda en los mercados oficiales y los "destruye" (amortiza) de forma anticipada.

1.6.1.Financiación mediante impuestos

• Disponer de impuestos propios. Se denominan así los impuestos en los que el Gobierno subcentral, además de quedarse con la recaudación, diseña todos los elementos del impuesto para los residentes en su jurisdicción.

• Contar con impuestos compartidos. Se denominan así los impuestos que se utilizan por más de un nivel de Gobierno (central y subcentral).

• Gestionar impuestos cedidos. Se denominan así aquellos en los que el Gobierno central diseña todos los elementos esenciales del impuesto (sujeto pasivo, base imponible y tipo impositivo) y el Gobierno subcentral únicamente se queda con todo o parte de lo que recauda en su jurisdicción.

1.6.2.Financiación mediante transferencias

• en primer lugar, determinar los objetivos a los que van dirigidas las transferencias;

• en segundo lugar, decidir qué tipo de transferencias es el más apropiado para cada objetivo.

1.6.3.Financiación mediante deuda

2.2.1.El gasto público en el Estado de bienestar

Generalidad de los programas	Universal / selectivo
Rango de las actuaciones	Amplio / limitado
Calidad de las prestaciones	Óptima / mínima
Instrumentos utilizados	Provisión del servicio / transferencias
Financiación	Impuestos / cotizaciones (individualizadas)

2.2.2.La Seguridad Social

• pensión de jubilación, cuando la edad no permite la continuación de la actividad laboral;

• pensión de invalidez, cuando la condición física o psíquica del asegurado no permite esta actividad;

• pensiones a supervivientes (orfandad, viudedad, etcétera), cuando la muerte del asegurado truncaría el medio de vida de las personas a su cargo;

• subsidio de desempleo, cuando la carencia involuntaria de puesto de trabajo compromete el medio de subsistencia;

• subsidio de incapacidad laboral transitoria, cuando la enfermedad no permite durante cierto período de tiempo el trabajo habitual.

• Por un lado, las compañías privadas solo estarían dispuestas a asegurar a los trabajadores cuyo riesgo de quedar desempleados sea muy pequeño, o exigirían unas primas muy elevadas a quienes fácilmente puedan ser despedidos. Con ello, no se podría garantizar que todo el mundo accediera a este tipo de seguros.

• Un segundo motivo está relacionado con la denominada selección adversa. Supongamos que el seguro de desempleo es obligatorio y que existen ciudadanos con un alto riesgo de incurrir en esa eventualidad, mientras que otros pueden contar con una muy razonable estabilidad en el trabajo. Una entidad que asegure a todos ellos puede compensar el alto riesgo de unos frente al muy bajo de los otros sin exigir un pago excesivo a ninguno de ellos. Si el seguro fuera voluntario, los que se enfrentan a un riesgo bajo no tendrían incentivos para contratar ninguna forma de aseguramiento, el riesgo medio para la entidad se elevaría y, con él, la prima exigida. Sin embargo, al aumentar el pago, los trabajadores de riesgo menor, aunque no sea bajo, pueden decidir que no les compensa el seguro, renunciarían a contratarlo, y ello elevaría aún más la prima, con el resultado de nuevas expulsiones del mercado.

• Un tercer motivo se basa en que quienes tienen una escasa capacidad económica no pueden generar el suficiente ahorro como para obtener una pensión en el futuro, de tal modo que una gestión absolutamente privada del sistema de prestaciones sociales dejaría fuera de cobertura a los sectores más amenazados por el fenómeno de la pobreza.

• Un cuarto motivo se refiere al hecho de que una compañía privada no podría hacer frente a graves crisis de desempleo, y que solo una entidad tan fuerte como el propio sector público podrá cubrir.

• Por último, se entiende que el hecho de que se garanticen las pensiones o el seguro de desempleo no solo beneficia a los perceptores, sino a la sociedad en su conjunto. Ya que si no existieran estas transferencias, el trabajador parado o jubilado perdería sus ingresos, reduciría su consumo y ello conduciría a una disminución en el volumen de bienes producido por las empresas. Tal reducción en la actividad productiva llevaría a nuevos despidos y un incremento mayor en el desempleo. Este proceso multiplicador, negativo, podría acabar generando una grave depresión económica que perjudica a todos.

2.3.1.Teoría positiva del gasto público

Causas del crecimiento del gasto	Teorías
Demanda	Ley de Wagner Efecto desplazamiento e inspección Redistribución de la renta Grupos de interés Ilusión fiscal
Oferta	Ciclo electoral Comportamiento de los funcionarios Ideología del partido en el poder Centralización del sector público
Demanda - oferta	Productividad - precios

2.3.2.Explicaciones basadas en la demanda de gasto público

"La ley es el resultado de una observación empírica en países avanzados, al menos en la civilización occidental europea; su explicación, justificación y origen es la presión del progreso social y los cambios resultantes en las esferas relativas de las actividades del sector público y privado de la economía, especialmente en la economía pública nacionalizada. Limitaciones financieras pueden dificultar la expansión de las actividades estatales, lo que origina que su extensión se vea condicionada por el ingreso en vez de a la inversa, como es más frecuente. Pero, a largo plazo, el deseo de desarrollo de un pueblo progresista siempre terminará por superar esas dificultades financieras [...]. La comparación de los diferentes países y periodos nos demuestra que en la mayor parte de las naciones progresivas se observa un aumento regular de las funciones de los gobiernos centrales y locales. Fenómeno que se manifiesta tanto en su aspecto extensivo como intensivo. El Estado y los entes políticos subordinados asumen continuamente nuevas funciones y realizan perfectamente sus cometidos. De esta suerte, las autoridades públicas satisfacen en grado creciente y de manera más completa las necesidades económicas de la población".

• Por una parte, la necesidad de redistribución depende del estado vigente de distribución con anterioridad al ajuste. Si la desigualdad de la renta disminuye a medida que aumenta la renta per cápita, se necesitan medidas redistributivas menos extensas.

• Por otra parte, los motivos de la redistribución pueden variar a medida que la renta aumenta, dependiendo de cómo se defina el objetivo de la política de redistribución. Si este objetivo es el de ajustar las rentas familiares, de modo que se consiga una determinada distribución de la renta relativa, un incremento en el nivel medio de la renta no hace variar la necesidad de redistribuir. La situación es diferente si el objetivo es establecer un nivel mínimo tolerable determinado en términos absolutos, tal como satisfacer unas necesidades mínimas de alimentación. En ese caso, la necesidad de redistribución disminuye a medida que aumenta la renta media. Pero una vez más, si el nivel mínimo se define como una función de la renta media, la necesidad de redistribución permanece invariable a medida que la renta aumenta.

• Cambios tecnológicos: Otro factor que puede afectar de forma significativa a la participación de los bienes públicos en una combinación eficiente de productos es el cambio tecnológico. A medida que va variando la tecnología, también lo hacen los procesos de producción y la combinación de productos que resulta eficiente producir. Estos cambios en la tecnología pueden ser tales que aumenten o disminuyan la importancia relativa de aquellos bienes cuyos beneficios son en gran parte externos y que, por lo tanto, deben ser suministrados públicamente.

• Cambios demográficos: Los cambios en la población pueden constituir también un determinante importante de la participación del gasto público. Las variaciones en la tasa de crecimiento de la población producen cambios en la distribución por edades; esta tendencia se ve reflejada en los gastos en enseñanza, así como en los cuidados a la tercera edad. Sin embargo, el resultado neto de estas influencias es algo incierto, debido a las múltiples combinaciones posibles en términos de economías o deseconomías de escala en los servicios correspondientes.

• Factores políticos y sociales: A lo largo del siglo xx se han producido grandes cambios en la filosofía social, así como importantes desplazamientos en el equilibrio del poder político entre los diversos sectores de la población. Cabe señalar, por una parte, el creciente sentido de responsabilidad social por el bienestar de los individuos, debido, sobre todo, a los fuertes incrementos de programas presupuestarios de transferencia y a la aceptación del creciente papel protagonista del sector público en la economía. Por otra parte, hay que destacar los cambios producidos en la estructura política, tales como la transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos.

• La financiación de la guerra y el "efecto umbral": Según Musgrave, los electores tienen una resistencia básica a aumentar los impuestos, pero una vez que se han incrementado llegan a aceptarlos y no insisten en su reducción hasta su nivel anterior. Situaciones excepcionales de carácter nacional, como la guerra, o perturbaciones sociales, como la Gran Depresión de los años treinta, pueden ocasionar una subida temporal y obligada en las necesidades de gastos públicos, por las que los votantes están dispuestos a superar el antiguo "umbral impositivo" y a aceptar un incremento en el nivel de imposición al que de otra forma se resistirían. Terminada la situación excepcional, se muestran dispuestos a mantener el nuevo nivel de imposición; de ahí que puedan realizarse nuevos gastos públicos civiles que de otro modo no se hubieran efectuado.

• La entrega de fondos para contribuir a la elección de aquellos candidatos que puedan defender sus intereses, desde el Gobierno o el Parlamento.

• La existencia de deficiencias en la información disponible por el sector público, que le puede llevar antes de tomar una decisión a consultar a los sectores más interesados en la adopción de determinadas normas, o en la puesta en marcha de determinadas medidas de política económica. Esta "asimetría en la información" permite a los grupos de presión condicionar la acción del Estado al que se le presenta como única solución viable aquella que coincide mejor con sus intereses.

• La posibilidad de suministrar información a los votantes. Los grupos de presión pueden reducir los costes en que incurre el ciudadano para informarse sobre las consecuencias de la acción del Gobierno, y decidir si le sigue apoyando o si le retira su confianza. Ahora bien, la información que difunde el grupo de presión tenderá a favorecer sus puntos de vista, y no podrá caracterizarse como neutral.

2.3.3.Explicaciones basadas en la oferta de gasto público

2.3.4.Explicaciones basadas en la interacción entre demanda y oferta

3.3.1.Antecedentes

• La separación entre el mundo político y el mundo administrativo. A los órganos de gobierno, formados por el Gobierno y el Parlamento, les corresponde la adopción de medidas de tipo colectivo, ligadas al interés general, mientras que a la Administración le corresponde la ejecución exacta y precisa de las medidas adoptadas por el poder político.

• En consecuencia, la Administración funciona sometida a los principios de jerarquía, especialización y separación de funciones. Estos principios responden a las necesidades de un Estado democrático donde los miembros electos son los que mandan y donde impera el mandato de la ley.

• La Administración se gobierna bajo el principio de unidad de "mando", garantizada por el establecimiento de procedimientos rutinarios que permiten asegurar el cumplimiento de las órdenes de los mandos superiores sobre los subordinados.

• La existencia de unos procedimientos preestablecidos que sirven como mecanismos de expresión de la voluntad administrativa, esenciales para garantizar el principio de seguridad jurídica, a los cuales queda vinculada la Administración de forma rígida y estricta.

• El modelo de empleado público congruente con esta organización es el funcionario, que presenta las siguientes características:

  • el cargo es asignado de forma individual y es ocupado por un sistema de oposición pública;

  • son denominados por la autoridad competente y sometidos a relaciones jerárquicas;

  • son personas técnicamente preparadas, con estabilidad laboral, con un sistema de retribuciones prefijadas de acuerdo con su cargo y de promoción fundamentado principalmente en la antigüedad.

3.3.2.Los fallos del sector público

• La carencia de recursos del sistema derivada de la adopción de medidas de control del déficit público y la necesidad de dar respuesta a una situación de crisis fiscal implican la imposibilidad de seguir ofreciendo los mismos servicios y de dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y plantea la necesidad de buscar una Administración más eficiente y eficaz que evite las actuaciones innecesarias y que optimice los recursos disponibles.

• La necesidad de dar respuesta a una nueva situación internacional de globalización. La Administración tiene que aprovechar los recursos disponibles para prestar un mejor servicio con el objetivo de avanzar en un entorno competitivo.

• Los cambios introducidos por las nuevas tecnologías de la información que facilitan extraordinariamente los procesos de decisión y disminuyen los costes de los procedimientos de gestión.

• una administración que mira hacia adentro y que no tiene como eje de sus actuaciones al ciudadano,

• una organización con una tendencia a la alienación,

• una carencia de iniciativa y de responsabilidad,

• la carencia de políticas de evaluación y técnicas de gestión,

• unos empleados desmotivados y con sistemas retributivos y de incentivos poco atractivos,

• un exceso de centralización que dificulta los procesos de decisión.

Ciclo de prestación de los servicios públicos económicos
1.ª Etapa: fin siglo xix / años treinta del siglo xx	Modelo de producción privada	Cambio técnico y oportunidades de negocio relacionados con el surgimiento de nuevos servicios públicos Orientación de las políticas al laissez faire del mercado Predominio de los objetivos de eficiencia y orientación al consumidor
2.ª Etapa: crisis de los años treinta / años ochenta	Modelo de producción pública	Crisis económica de los años treinta y cuestionamiento de la legitimidad del beneficio privado en la provisión de servicios públicos (interés general) Orientación de las políticas a los objetivos de igualdad en el acceso a los servicios públicos (universalidad de acceso) Orientación al ciudadano (los servicios públicos como fundamento de la ciudadanía moderna)
3.ª Etapa: crisis de los años ochenta / años noventa	Modelo de mercado	Crisis económica de los años ochenta, que puso al descubierto las ineficiencias de la provisión pública y el oportunismo político en el manejo de los servicios públicos Cambio tecnológico que rompe el argumento del monopolio natural de servicios públicos y hace surgir nuevas oportunidades de negocio Clima político favorable al mercado y a la competencia Orientación de las políticas a la eficiencia (costes) y a la satisfacción del consumidor
4.ª Etapa: inicios siglo xxi	¿Vuelta al pasado o a ir más allá del Estado y del mercado?	Crisis económica de finales de los años noventa y clima favorable a la privatización y al modelo de provisión de mercado Mejor comprensión de la naturaleza económica de los servicios públicos como cuasi-mercados Orientación de las políticas hacia los objetivos de igualdad en el acceso a los servicios públicos (universalización) y otras obligaciones de servicio público De la satisfacción del consumidor a la satisfacción del ciudadano

3.3.3.La nueva gestión pública: principios, retos y objetivos

• Corriente neopública. Pone especial interés en la participación ciudadana, en la ética en la gestión pública y en el establecimiento de férreos mecanismos de control sobre los procesos de externalización de los servicios públicos. Sus características principales son:

  • reforzar el papel y concepto de ciudadano;

  • potenciar el valor de la "cosa" pública;

  • reconocer nuevos derechos al ciudadano;

  • incrementar la calidad y cantidad de los servicios públicos;

  • definir claramente aquello que se puede y que no se puede externalizar;

  • actuar según los principios de universalidad e igualdad y no sobre los principios gerenciales y puramente de gestión.

• Corriente neoempresarial. Pone especial interés en la economía, la eficiencia y la eficacia del sector público. Sus características más destacadas son:

  • el Estado pasa de ser un proveedor de servicios públicos a un intermediario;

  • se introducen herramientas, conceptos y lenguaje gerencial propio del sector privado;

  • se fragmentan los órganos administrativos que permiten funcionar con unidades más pequeñas, descentralizadas con una autonomía más grande y con una mayor proximidad al ciudadano;

  • se desregulariza el sector público que comporta un alejamiento del derecho administrativo.

• reformas organizativas,

• uso de mecanismos competitivos,

• introducción de nuevos incentivos,

• nuevos mecanismos de control.

Administración burocrática	Nueva gestión pública
Aplicación rígida de los principios de jerarquía, especialización y separación de funciones.	Eliminación de jerarquías
La Administración se gobierna bajo el principio de unidad de "mando" y está fuertemente centralizada.	Descentralización. Creación de pequeñas unidades administrativas que sirvan mejor a los intereses públicos
Existen procedimientos preestablecidos que sirven como mecanismos de expresión de la voluntad administrativa esenciales para garantizar el principio de seguridad jurídica a los cuales queda vinculada la Administración de forma rígida y estricta.	Desregulación. Disminución de las reglas y normas en el sector público
Visión orientada a los procedimientos.	Visión orientada al cliente. Evaluación de los resultados
La relación del empleado público es básicamente estatutaria. Carencia de incentivos y rígidos procedimientos de promoción que priorizan la antigüedad.	Cambios en la organización y en la cultura de los empleados públicos
Control de la legalidad.	Control de resultados

3.3.4.Críticas a la nueva gestión pública

• En contra de los planteamientos más neoliberales que proponen la reducción del Estado y la necesidad de introducir en el sector público el mercado y la competencia. Se ha puesto de manifiesto que para que el mercado funcione precisa un número suficiente de partes contratantes y unas condiciones de producción claras y precisas. El sector público se caracteriza precisamente por lo contrario. Los servicios que presta son heterogéneos y de difícil cuantificación y las formas de producción son complejas e inciertas.

• Las propuestas de descentralización y delegaciones de funciones han producido un efecto disgregador al crear infinidad de organismos con múltiplos objetivos. Este efecto ha dado una imagen de desorganización donde los objetivos no están claros y que avanza en direcciones contrarias. Las delegaciones de funciones debilitan las tareas de control y las autoridades se encuentran con dificultades para desarrollar políticas coordinadas y planificadas.

• La mayor flexibilidad ha potenciado la diversidad de prácticas y la pérdida de la visión de conjunto del sector público.

• La introducción de sistemas de evaluación ha debilitado los procesos de rendición de cuentas al no existir coordinación entre la acción pública y los sistemas de información utilizados por cada nivel o agente.

• La gestión orientada al cliente se ha convertido en una ficción. El usuario no participa directamente en la prestación de los servicios ni puede influir de forma directa en las decisiones de la organización.

• El excesivo valor dado a los principios de eficacia y eficiencia ha desplazado valores fundamentales del ámbito público, como son el servicio a los ciudadanos y la equidad en la prestación de los servicios públicos.

Principios rectores de la NGP	Principales críticas
Desregulación	Debilita el principio de control.
Descentralización	Provoca la creación de múltiples organismos con estructuras desorganizadas y objetivos diversos.
Gestión orientada al cliente	Imposibilita que los ciudadanos influyan en las decisiones.
Introducción de la competencia y herramientas de mercado	Se dan dificultades para que se provoquen las condiciones que hacen del mercado la mejor opción.
Utilización de métodos de evaluación	Su abuso provoca el desplazamiento de principios básicos del sector público.
Eficacia y eficiencia	Provoca la pérdida de equidad y de los servicios públicos.

3.4.1.Introducción

• Desaparición permanente o temporal del Estado en la producción de bienes o servicios (reducción pura de dimensión). Estas actuaciones suponen que el sector público cede de forma permanente o temporal la prestación de servicios. En el primer caso, el de la cesión permanente, estaríamos ante los supuestos de privatizaciones; en el segundo, estaríamos ante los supuestos de gestión indirecta de los servicios.

  Las privatizaciones responden a la necesidad última de reducir el volumen del sector público. Encuentran su justificación en:

  • Razones ideológicas. Se busca mejorar la eficiencia y reducir la presencia del sector público en el conjunto de la economía.

  • Razones financieras y fiscales. Se busca reducir el gasto público, obtener ingresos inmediatos y evitar compromisos futuros.

  • Razones de mercado único europeo. La normativa de la Unión Europea responde a los principios de desregulación, desmonopolización y defensa de la competencia, que obliga a deshacer el sector público empresarial y prohíbe la concesión de subvenciones de explotación a sectores productivos inviables.

• Coexistencia entre el sector público y privado (reducciones intermedias). Esta posibilidad alcanza los casos en los que no existe un traspaso de funciones del sector público al privado, sino que los dos sectores rivalizan o cooperan en la prestación de un mismo servicio.

• Modificación en la distribución de funciones y poder dentro del sector público (simples modificaciones). Con estas modificaciones se persigue introducir, en las áreas de actuación pública en las que el Gobierno no puede introducir mecanismos puros de mercado, mecanismos de competencia interna que estimulen la eficacia administrativa, así como adoptar medidas que tiendan a reducir las estructuras administrativas, o bien simplificar las estructuras jerárquicas. La introducción de medidas de competencia interna intenta, creando situaciones de falsa competencia o competencia virtual, que los diversos organismos que prestan un mismo servicio sean objeto de evaluación por parte de los ciudadanos y que estos puedan escoger la prestación del servicio que mejor responda a sus expectativas.

3.4.2.Reforma de los órganos de Gobierno y de los órganos de gestión

3.4.3.Gestión de recursos y reformas presupuestarías

• Presupuesto por programas. Este presupuesto agrupa las diferentes actividades públicas en programas de objetivos que tienen carácter plurianual. Su objetivo es seleccionar los programas más rentables para la consecución de un mismo fin. Para lograr este objetivo, la elaboración de este presupuesto requiere:

  • agrupar las diferentes actividades de la Administración en diferentes categorías de programas (se rompe así la tradicional clasificación de asignación de recursos a las diferentes entidades administrativas para asignarlos a los programas más eficientes);

  • elaborar un plan financiero que recoja los costes de los programas;

  • elaborar la memoria de los programas (cada unidad administrativa tendrá que justificar la necesidad y rentabilidad del programa defendido para competir con otros programas que rivalicen en los mismos objetivos).

• Presupuesto base cero. Según esta técnica, cada gestor tiene que justificar todas y cada una de las unidades monetarias que hay que gastar. No solo hay que justificar las necesidades financieras, sino que los gastos que se proponen son realmente necesarios. Para elaborar este presupuesto se tiene que confeccionar para cada órgano paquetes de decisión donde se tienen que identificar previamente los objetivos de la actividad, las consecuencias de no realizarla y las formas alternativas de realización.

3.4.4.La Administración electrónica

• Rapidez, flexibilidad y comodidad. La introducción de las nuevas tecnologías ha permitido reducir los tiempos de espera, los desplazamientos a las diversas oficinas públicas y los tiempos de respuesta de las administraciones.

• Simplificación de los trámites burocráticos. Al integrarse todos los elementos en un sistema de información global, se pueden simplificar los trámites administrativos.

• Mejora de la eficiencia.

• Mayor proximidad y participación del ciudadano. El ciudadano puede obtener una mayor interacción con la Administración; puede participar de una forma más activa y mejorar la prestación de servicios.

• Mejora de la transparencia. En un nivel concreto, el ciudadano puede conocer el estado de un determinado trámite administrativo y, en un nivel más general, la Administración hace públicos sus datos y permite un conocimiento general del estado de la situación. La Administración electrónica elimina los costes de hacer pública la información que por su propia naturaleza se publica. Ya no hay razones económicas que permitan el oscurantismo.

• insuficiente penetración de las TIC en la población;

• usabilidad, accesibilidad y falta de experiencia en el uso de las TIC;

• desconocimiento de la existencia de la Administración en línea;

• recelo de la Administración con la seguridad electrónica;

• falta de integración entre las diferentes administraciones;

• problemas de financiación y de medios, especialmente para las entidades locales;

• desconfianza en los medios electrónicos de comunicación.

3.5.1.Mecanismos de cofinanciación: precios, tasas y tickets

• racionar el consumo,

• facilitar información sobre preferencias individuales y la valoración de los servicios públicos,

• financiar la prestación del servicio.

• cuando el grado de obligatoriedad, ya sea por razones legales o por razones de hecho, del consumo sea bajo;

• cuando la elasticidad precio de la demanda sea nula o muy reducida. es decir, cuando las modificaciones en los precios de los servicios dejen inalterada las decisiones de consumo de los usuarios;

• cuando afecte a servicios con ratios costes/efectividad relativamente bajos;

• cuando se pueda garantizar el acceso a los servicios a usuarios con rentas bajas o mayores necesidades;

• cuando los costes de transacción asociados a la fijación de precios, a la recaudación y al control no sean elevados.

3.5.2.Vales, bonos o cheques de consumo

• La Administración competente tiene que definir las condiciones mínimas que la prestación del servicio ha de cumplir. Para establecer estas condiciones mínimas, tendrá que analizar las características del servicio y los objetivos que hay que lograr.

• Una vez ha definido las líneas maestras, tendrá que fijar el nivel estándar del servicio en función de criterios equitativos y según el coste de prestación.

• El siguiente paso sería crear un órgano que acredite que los centros productivos cumplen los requisitos mínimos exigidos. Cabría establecer unos mínimos que aseguren la prestación de un servicio de calidad. El control tradicional se sustituye por la elaboración de indicadores que garanticen unos mínimos estandarizados de calidad.

• Se han de establecer mecanismos de publicidad, información y control que eviten la exclusión de determinados colectivos. Esta es la principal crítica que se ha hecho en contra de la introducción de estos mecanismos. Se ha probado que en aquellos países donde se ha generalizado su implantación se ha producido un proceso de selección por parte de los productores en el que se excluye de su ámbito de prestación a aquellos colectivos que presentan unos altos costes de transacción. Se produce un proceso de selección por parte de los productores que hace que la posibilidad de elección del ciudadano que se pretende favorecer sea ficticia.

• Aproximar las decisiones del Estado a las preferencias de los consumidores.

• Aumentar la cantidad y diversidad de los servicios ofrecidos.

• Estimular la participación de los productores privados en la provisión de los servicios públicos.

• Mejorar la eficiencia de los servidores públicos que pueden ver desaparecer sus funciones si gestionan ineficazmente sus recursos o no prestan servicios de calidad ante la competencia de los nuevos servidores privados.

3.5.3.Contratación externa

• mejora de la eficiencia y reducción de los costes por parte del sector público,

• aumento de la productividad,

• posibilidad de utilizar sistemas de pago en función de los resultados obtenidos,

• aprovechamiento de la experiencia y especialización del sector privado,

• posibilidad de liberar efectivos de la Administración que concentren sus esfuerzos en la prestación directa de servicios al ciudadano,

• posibilidad de aumentar la inversión sin incrementar el gasto público.

• el empobrecimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas prestadoras de los servicios;

• los elevados costes de transacción derivados del proceso de contratación;

• la necesidad de una elevada capacidad profesional y sistemas perfeccionados de gestión de contratos;

• la pérdida de la posibilidad de control por parte de la Administración, sobre todo en los casos de contratos de larga duración.

• la existencia en el mercado de proveedores capaces de prestar los servicios que contratar de una forma efectiva y eficiente;

• la competencia entre los potenciales proveedores (la contratación externa se verá fuertemente perjudicada si entre los posibles oferentes no existe una real competencia o si existen posiciones de predominio manifiesto);

• los costes de la contratación, que no han de superar el ahorro deseado (no solo deberá tener en cuenta los costes propios de la contratación, sino que tendrá que evaluar los costes de transacción, que son todos aquellos inherentes a la contratación externa y que pueden llegar a ser muy elevados).

3.5.4.Mercado de derechos de propiedad

3.5.5.Mercados internos de competencia