Transformaciones políticas en la sociedad de la informaciónLa sociedad de la información. Una introducción
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Índice
Introducción
En las páginas siguientes se perfilan los elementos esenciales sobre los cuales se
construyen los contenidos de la asignatura. En
este sentido, se define qué se entiende por sociedad de la información, se presentan unas cuantas
métricas empíricas que permiten afirmar su existencia y transformación y, en último
término, se pone el énfasis en una de las
consecuencias no deseadas derivadas de la aparición de la sociedad de la información:
la brecha
digital. Una vez descritos estos elementos básicos, el módulo ofrece un estado de la
cuestión que permite resumir las perspectivas que la literatura ha desarrollado sobre nuestro
objeto de estudio construyendo
una clasificación que opera sobre la clásica distinción entre las aportaciones normativas
(el ciberoptimismo, el ciberpesimismo, etc.)
y las empíricas o positivas (realismo, etc.).
1.Sociedad de la información
Para analizar las transformaciones políticas en la sociedad de la información es importante,
antes de nada, saber a qué nos
referimos cuando hablamos de sociedad de la información y cómo podemos entender y
definir este concepto. De hecho, el término
sociedad de la información resulta bastante familiar a todo el mundo, quien más quien menos ha oído hablar en
algún momento de él, en relación con el peso creciente que la información y las nuevas
tecnologías tienen en la sociedad actual. Ahora
bien, ¿qué quiere decir exactamente?
El concepto de sociedad de la información está ligado a una serie de cambios y transformaciones
técnicas, sociales y económicas que implican la transición hacia una nueva sociedad.
Existen otros términos para referirse a este nuevo
orden social, y así se habla de sociedad del conocimiento, sociedad posindustrial,
sociedad red, etc. Todos estos términos tienen algo
en común: intentan describir una nueva forma de organización social en contraste con
un modelo anterior.
Daniel Bell (1973), uno de los primeros teóricos que abordaron esta cuestión, por
ejemplo, habla de una sociedad posindustrial, en la que el prefijo pos viene a significar que la industria deja
de ser el motor primordial de la economía y la información pasa a convertirse en la
base principal del sistema productivo. Manuel
Castells hace referencia a un cambio basado en la sustitución del industrialismo por
lo que denomina el informacionalismo. El industrialismo era el paradigma que caracterizó a la Revolución Industrial, que
permitió
multiplicar la capacidad humana de transformar el medio natural y modificar radicalmente
las condiciones de vida. A su vez, el
informacionalismo marcaría el paso hacia un nuevo paradigma tecnológico en el que
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación actuarían de motor del cambio económico y social. De acuerdo con Castells,
la tecnología de la información vendría a ser
el equivalente actual de la electricidad en la era industrial.
“[...] Todas las sociedades son, en esencia, sociedades de la información. Lo que es específico de nuestro periodo histórico es el nuevo paradigma tecnológico surgido con la Revolución de las Tecnologías de la Información y basado en una agrupación de tecnologías de la información. Lo que es nuevo es la tecnología para el procesamiento de la información y el impacto que tiene esta en la generación y aplicación del conocimiento”.
M. Castells (2003). “La interacció entre les tecnologies de la informació i la comunicació i la societat en xarxa: un procés de canvi històric”. Coneixement i Societat (núm. 1, págs. 8-21).
Los cambios ligados a este nuevo orden social son múltiples, pero los podríamos resumir
en cinco ámbitos clave (podéis ver
Webster, 2002, para un análisis más detallado):
1) Tecnológico. Uno de los cambios más evidentes de las últimas décadas ha sido la revolución en
el campo de la tecnología, sobre todo las telecomunicaciones y las tecnologías de
la información y la comunicación. El desarrollo de
estas tecnologías (comunicaciones por vía satélite, informática, telefonía móvil,
internet, etc.) se ha identificado a menudo como el
factor de cambio que marca el rumbo hacia una sociedad de la información.
2) Ocupacional. Se ha identificado también el nuevo orden social con un cambio en la estructura
del trabajo, que implica un incremento del empleo en el sector de servicios en detrimento
de la industria. El trabajador de cuello azul
(empleados de fábrica) pierde protagonismo en favor del trabajador de cuello blanco
(profesionales y administrativos). Además, los
puestos de trabajo relacionados con la generación de información y conocimiento ganan
cada vez más peso estratégico. En el conjunto de
las economías más avanzadas, de acuerdo con datos de la Organización Internacional
del Trabajo de 2010, más del 70% de la ocupación
recae en el sector de servicios.
3) Económico. En este caso, otro indicador de cambio es el peso creciente que las actividades
relacionadas con la información tienen en el conjunto de la economía, en contraposición
a la agricultura o a la industria
manufacturera. Una manera de verlo es midiendo el peso que tiene el conjunto del sector
relacionado con el conocimiento y la
información sobre el PIB.
4) Organizativo (o relacional). Aquí la novedad radica en la idea de red y en el modo como circulan los flujos de información entre diferentes actores. En
este sentido, el sociólogo
Manuel Castells ha popularizado el concepto de sociedad red, que da una idea sobre cómo se producen
las comunicaciones y cómo las nuevas tecnologías afectan a las estructuras organizativas:
“[...] estas tecnologías permiten la coordinación de tareas y la gestión de la complejidad. De todo ello se deriva una combinación sin precedentes de flexibilidad y eficacia en la realización de tareas, de toma de decisiones coordinada y ejecución descentralizada, de expresión individualizada y comunicación global y horizontal. Lo que permite el desarrollo de una forma organizativa superior de la actividad humana”.
M. Castells (2001). La Galaxia Internet (pág. 16). Barcelona: Plaza y Janés.
5) Cultural. Las nuevas tecnologías de la información no solamente han cambiado nuestras pautas
de consumo, sino también la manera como nos comunicamos o relacionamos los unos con
los otros. Esto también ha supuesto la aparición de
nuevos estilos de vida y de nuevas pautas de conducta social, con un entorno caracterizado
por un flujo continuo e incluso frenético de
mensajes y de información, que circula por los medios de comunicación de masas y las
nuevas tecnologías como internet (por ejemplo, por
las redes sociales).
Ahora bien, a pesar de que estos cambios son muy evidentes, ¿hasta qué punto podemos
afirmar que vivimos en una sociedad nueva o
en un nuevo orden social? ¿Qué propicia el salto de un tipo de sociedad a otro? Si
bien es cierto que las nuevas tecnologías han
provocado toda una serie de cambios profundos en el orden socioeconómico, también
es cierto que son muchas las continuidades con
momentos anteriores, como por ejemplo el peso relevante que mantiene la industria
en el conjunto de la economía mundial o el sistema
económico basado en los principios del capitalismo y el libre mercado. Algunos autores
(por ejemplo, Webster, 2002) consideran que a
pesar del aumento de la presencia y relevancia económica de las nuevas tecnologías
no ha habido un cambio social suficientemente
sustantivo para poder hablar de una nueva sociedad que rompa con los patrones anteriores.
¿Podemos afirmar, por lo tanto, que nos
encontramos ante un tipo de sociedad significativamente diferente? Esta pregunta ha
despertado un amplio debate en el mundo académico y
no parece que haya consenso a la hora de responder al respecto; de hecho, la pluralidad
de términos diferentes para referirse a los
cambios que estamos viviendo es una buena muestra de la complejidad de la cuestión
y de la diversidad de reacciones que genera.
1.1.Medidas de la sociedad de la información
Uno de los retos para abordar el concepto de sociedad de la información consiste en
encontrar métricas
fiables que permitan evaluar y medir cuál es la evolución de las transformaciones que se
identifican con la sociedad de la
información y qué impacto tienen en el conjunto de la sociedad.
Por este motivo, una tarea primordial consiste en encontrar indicadores que permitan
cuantificar el fenómeno que se quiere medir
y que aporten información relevante. Hay múltiples medidas e indicadores sobre la
sociedad de la información, y en los últimos años se
han concentrado muchos esfuerzos en crear estándares internacionales para unificar
las métricas. En este sentido, cabe destacar las
iniciativas emprendidas desde Naciones Unidas, la OCDE o la Unión Europea, por mencionar
solo algunos ejemplos significativos; de
hecho, son muchos y muy variados los organismos, observatorios y agencias que trabajan
para analizar y medir el fenómeno de la sociedad
de la información y el impacto que tienen las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos,
como la economía, el desarrollo, la sociedad o
la política.
Naciones Unidas
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
es el organismo especializado de Naciones Unidas para las tecnologías de la información
y la comunicación. La UIT ha confeccionado toda
una serie de indicadores para comparar el peso de la sociedad de la información en
diferentes países, en áreas que incluyen tanto las
infraestructuras de las TIC, como el uso y el acceso de las TIC por parte de hogares,
empresas e instituciones, o indicadores
vinculados con sectores como por ejemplo la educación. Dentro del entramado de Naciones
Unidas, también hay que destacar el papel
activo a la hora de fijar medidas para la sociedad de la información que ha tenido
la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y la Alianza para la medición de las TIC para el
desarrollo.
OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha desarrollado también toda una serie de estadísticas e indicadores sobre la sociedad
de la
información que permiten comparar datos entre diferentes países. Además, ha elaborado
varias guías metodológicas para fijar unos
estándares básicos a la hora de tomar medidas. En este sentido, cabe mencionar la
Guía para medir la sociedad de la
información, que ha servido de base para sistematizar los diferentes conceptos y medidas relacionadas
con la sociedad de la
información.
Unión Europea
Eurostat realiza un seguimiento sobre el
impulso de la sociedad de la información en los diferentes países miembros de la UE.
De acuerdo con Eurostat, las estadísticas sobre la
sociedad de la información tienen por objetivo medir y evaluar la consecución de un
espacio europeo único de información, las
inversiones y la innovación en materia de TIC y la realización de una sociedad europea
inclusiva de la información. Estos objetivos
tienen como referencia básica la denominada Estrategia de Lisboa (2000), con la que
la UE se fijaba como reto estratégico apostar por
la innovación y convertirse en la economía del conocimiento más dinámica y competitiva
del mundo. En un ámbito más local, hay que
destacar la tarea que desarrollan el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el caso
español y el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) en el caso catalán.
Otras fuentes
Para medir el e-readiness (es decir, el nivel de preparación de un determinado país para adaptarse a la
sociedad de la información), hay que destacar los indicadores elaborados por agencias
como la Economist
Intelligence Unit (e-readiness rankings o digital economy rankings) o el Foro Económico Mundial (network readiness index). Estos indicadores tienen en cuenta toda
una serie de factores para medir el grado de desarrollo y preparación de una sociedad
para la vida digital, indicadores que van más
allá de los estrictamente tecnológicos y que incluyen aspectos relacionados con cuestiones
económicas, sociales y legales.
En los últimos años ha crecido muchísimo la demanda de información estadística relacionada
con la sociedad de la información y el
desarrollo y el impacto social y económico de las TIC. La Guía para medir la sociedad de la información de la OCDE
ofrece un marco conceptual que ayuda a entender los diferentes componentes de la sociedad
de la información y la manera de medirlos. En
concreto, se destacan cinco ámbitos clave que se relacionan entre sí:
1) La oferta TIC, que incluye a las empresas que desarrollan, producen y
comercializan los bienes y servicios TIC (lo que se conoce como sector TIC) y el peso
y el impacto que tienen en el conjunto de la
economía. Algunos indicadores relacionados con este ámbito serían, por ejemplo, el
porcentaje de empresas que se dedican al sector de
las TIC, su volumen de facturación o el volumen de puestos de trabajo que generan.
2) La demanda TIC, es decir, los usuarios (tanto públicos como privados)
que hacen uso de las TIC. Aquí se incluirían indicadores como, por ejemplo, el número
de empresas y hogares con acceso a internet, las
finalidades con las que se utiliza internet, la frecuencia de uso, etc.
3) Las infraestructuras TIC, que engloban las inversiones y los servicios
que sostienen la sociedad de la información y que posibilitan la difusión y el acceso
de las TIC. Dentro de este ámbito se incluiría la
información en lo referente a los servicios de acceso a las TIC, su calidad, el nivel
de inversión en estos servicios o sus
tarifas.
4) Los productos TIC, es decir, los productos y servicios que entran dentro
de la categoría del sector TIC (ordenadores, componentes electrónicos, etc.), cuya
información resulta imprescindible para medir
estadísticamente aspectos relevantes como por ejemplo el volumen o el valor de la
producción de bienes y servicios TIC, el nivel de
gasto en productos TIC por parte de empresas o administraciones públicas, el nivel
de exportaciones y/o importaciones de productos y
servicios TIC de una determinada economía, etc.
5) La etiqueta de contenidos digitales hace referencia de manera concreta a
los productos y a los sectores relacionados específicamente con la elaboración, comunicación
y difusión de contenidos (publicaciones,
películas, televisión, música, videojuegos, etc.).
La figura siguiente permite visualizar de una manera gráfica cómo se estructuran estos
diferentes ámbitos de medida de la
sociedad de la información. Hay que tener en cuenta que todos estos elementos (oferta,
demanda, infraestructuras, etc.), tal como se
representa en el recuadro inferior del esquema, se ven afectados a la vez por las
variaciones que se puedan producir en su entorno (por
ejemplo, en términos de políticas públicas, regulación jurídica, condiciones sociales,
etc.).
Figura 1. Ámbitos clave de la sociedad de la información y cómo se relacionan entre
sí.
Fuente: Adaptado de Guide to Measuring the Information Society, OCDE, 2011.
Fuente: Adaptado de Guide to Measuring the Information Society, OCDE, 2011.
Si observamos algunos datos, podemos ver cómo de hecho en los últimos años ha habido
una fuerte eclosión de las TIC. Si lo
miramos, por ejemplo, desde el punto de vista del número de usuarios de internet,
es decir, las personas que tienen acceso a la red, el
incremento ha sido espectacular: en solo una década se ha pasado de casi 400 millones
de usuarios del año 2000 a superar los 2.000
millones en 2010. Si tenemos en cuenta los datos en términos relativos, el número
de usuarios por cada 100 habitantes ha pasado de casi
7 a 30 entre los años 2000 y 2010. La figura 2 permite observar el patrón de crecimiento
que ha seguido el número de usuarios de
internet a lo largo de la última década.
Figura 2. Número de usuarios de internet en el mundo (2000-2010).
Fuente: Adaptado de The World Bank.
Fuente: Adaptado de The World Bank.
1.2.La brecha digital
La expansión de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información llega acompañada
de nuevas desigualdades o de la
agravación de las desigualdades que ya existen. Una de las palabras que más se ha
usado para recoger esta idea es la de brecha digital.
El término brecha digital (1) se refiere a las disparidades que existen en el uso y el acceso de las nuevas tecnologías
entre individuos, colectivos o áreas geográficas diferentes, y marca la frontera entre
los que están dentro y los que permanecen fuera del nuevo entorno tecnológico y de las nuevas oportunidades que representa la sociedad
de la información.
(1) Digital divide, en inglés.
La OCDE define la brecha digital de la manera siguiente:
“Las diferencias entre individuos, hogares, áreas económicas o geográficas con diferentes niveles socioeconómicos con relación tanto a las oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como al uso de internet para una amplia variedad de actividades”.
OCDE (2001). Understanding the digital divide. París: OCDE.
En efecto, el desarrollo de las nuevas tecnologías genera nuevos beneficios y oportunidades,
pero estas ventajas se distribuyen
de manera desigual en función de quién tiene acceso y es capaz de aprovechar de manera
efectiva las oportunidades del nuevo entorno.
Pippa Norris (2001) distingue tres dimensiones ligadas con el fenómeno de la brecha
digital, según el ámbito al que afecta:
1) La brecha global. En este caso la brecha hace referencia a las desigualdades entre países
desarrollados y países en vías de desarrollo. El hecho de que las tecnologías de la
información tengan un alcance y una difusión más
amplia en los países desarrollados puede acentuar todavía más la distancia entre las
economías más avanzadas y las más pobres.
2) La brecha social. En este caso la brecha hace referencia a las desigualdades entre diferentes
grupos sociales o colectivos dentro de un mismo país.
3) La brecha democrática. Norris también se pregunta sobre cuál puede ser el impacto de las
nuevas tecnologías en la esfera pública y cómo la sociedad de la información afectará
a la distribución de la capacidad de influencia
política. En este caso, pues, lo que denomina la brecha democrática hace referencia
a las diferencias que se pueden producir entre los
que sepan aprovechar los recursos que proporciona el nuevo entorno para la movilización
y la participación política (y, por lo tanto,
en la capacidad de influir sobre los resultados políticos) y los que no.
El concepto de brecha digital pone encima de la mesa el problema de los desequilibrios y las
desigualdades en la nueva sociedad de la información. Esto plantea algunos interrogantes
que han sido objeto de un amplio debate entre
los analistas: ¿hasta qué punto la brecha digital marca una brecha insalvable entre
los ganadores y los perdedores en el nuevo esquema
de oportunidades de la sociedad de la información? ¿Se trata de un fenómeno con vocación
de permanencia o de un fenómeno temporal que
se diluirá a medida que se universalice el acceso a las tecnologías de la información
y de la comunicación? A modo de ejemplo, la
figura 3 nos aporta información sobre esta cuestión. La figura nos permite ver las
diferencias que existen entre los individuos que
hacen un uso regular de internet para el conjunto de los veintisiete países de la
Unión Europea con relación a la edad y al nivel de
estudios. Como se puede comprobar, las diferencias han disminuido entre los años 2005
y 2011, pero todavía continúan siendo bastante
notables: la población de más edad y con un nivel educativo más bajo se encuentra
sobrerrepresentada entre los usuarios regulares de
internet.
Figura 3. Individuos que han usado internet al menos una vez a la semana, por grupo
de edad y nivel de educación formal (en
porcentaje). EU27, 2005 y 2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
Más adelante veremos las implicaciones de la brecha digital con más detalle. Lo haremos
sobre todo poniendo en el punto de mira
el impacto de las TIC sobre la dimensión política y democrática y, por lo tanto, centraremos
más bien la atención en lo que se ha
descrito como brecha democrática.
Si hasta ahora hemos introducido algunos aspectos relacionados con la sociedad de
la información, en los próximos apartados
estudiaremos cómo se interrelacionan las TIC con la política y, por lo tanto, daremos
el salto de la sociedad de
la información a las transformaciones políticas en la sociedad de la información.
2.Política y nuevas tecnologías: perspectivas teóricas sobre el impacto de las TIC en la política
2.1.La literatura en su conjunto
A pesar de que, en términos estrictamente históricos, el fenómeno de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC) es muy reciente (podemos considerar que
el punto de inflexión en su desarrollo y uso se produce a
mediados de la década de los noventa), en el campo de las ciencias sociales se ha
desarrollado una literatura especializada que, una
vez superada una primera fase normativa o especulativa, ha empezado a analizar empíricamente
algunos de los aspectos más significativos
de la relación entre las TIC y el ámbito político (como, por ejemplo, los parámetros
y las estrategias que determinan su uso, el perfil
político y sociodemográfico de los usuarios, o las consecuencias sociales o políticas
que pueden tener a largo plazo).
Retomando la literatura clásica sobre los efectos de los medios de comunicación en
las actitudes y los comportamientos políticos,
y de manera paralela a la literatura que centra su objeto de estudio en los efectos
de las nuevas tecnologías sobre las estructuras,
instituciones y prácticas económicas, este corpus empieza el recorrido en el mismo
momento en el que las TIC se popularizan. Es
entonces cuando aparecen las grandes preguntas teóricas que darán contenido a las
investigaciones: ¿las TIC tienen el potencial para
reforzar las prácticas democráticas y para renovar las instituciones democráticas
actuales?; ¿los nuevos medios digitales permiten una
participación mayor de los ciudadanos en la esfera pública?; ¿la influencia de las
TIC en el espacio político y gubernamental será
suficiente para modificar el sistema actual de toma de decisiones políticas?; ¿estamos
a las puertas de una verdadera democracia electrónica o, por el contrario, las TIC facilitarán un control gubernamental y burocrático mayor
sobre la información política?; ¿conoceremos en el futuro más próximo una dinámica
política articulada por medio de formas de
democracia directa o sufriremos unas formas políticas con tintes orwellianos?
Con la intención de responder a estas y otras hipótesis parecidas, desde hace dos
décadas se han desarrollado una serie de
estudios que, desde una perspectiva normativa o desde una perspectiva positiva, han
analizado el papel que tienen las TIC en los
procesos políticos (especialmente en contextos democráticos). Así, desde los años
ochenta, es posible encontrar análisis sobre los
efectos de las TIC en las actividades que llevan a cabo los actores considerados clave
de estos procesos políticos: los individuos, los
grupos de interés, los partidos políticos, los parlamentos y los gobiernos.
Este conjunto de literatura se desarrolla en un contexto general en el que sobresalen
fuertemente dos fenómenos:
1) En primer lugar, a partir de la década de los noventa se produce la expansión (y la popularización) del uso de las TIC. La tabla 1 muestra la evolución del porcentaje de individuos
que no ha usado nunca internet en diferentes países europeos desde 2005 hasta 2011.
La tabla muestra como en los últimos años el uso de
internet se ha difundido cada vez más, a pesar de que todavía existen grandes diferencias
entre países.
Tabla 1. Porcentaje de individuos (entre 16-74 años) que no ha hecho nunca uso de
internet
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU (27 países) |
43 |
42 |
37 |
33 |
30 |
27 |
24 |
|
Bélgica |
39 |
34 |
29 |
26 |
20 |
18 |
14 |
|
Bulgaria |
: |
71 |
65 |
57 |
53 |
51 |
46 |
|
República Checa |
63 |
49 |
46 |
33 |
33 |
28 |
24 |
|
Dinamarca |
14 |
10 |
12 |
12 |
11 |
9 |
7 |
|
Alemania |
29 |
26 |
23 |
20 |
19 |
17 |
16 |
|
Estonia |
36 |
34 |
32 |
26 |
26 |
22 |
20 |
|
Irlanda |
55 |
42 |
35 |
32 |
30 |
27 |
21 |
|
Grecia |
73 |
65 |
62 |
56 |
53 |
52 |
45 |
|
España |
50 |
47 |
43 |
38 |
36 |
32 |
29 |
|
Francia |
: |
46 |
34 |
26 |
25 |
20 |
18 |
|
Italia |
62 |
59 |
54 |
50 |
45 |
41 |
39 |
|
Chipre |
64 |
62 |
56 |
54 |
48 |
45 |
41 |
|
Letonia |
51 |
45 |
39 |
34 |
31 |
29 |
27 |
|
Lituania |
61 |
54 |
49 |
43 |
38 |
35 |
33 |
|
Luxemburgo |
29 |
27 |
20 |
16 |
11 |
8 |
8 |
|
Hungría |
60 |
52 |
46 |
37 |
36 |
32 |
28 |
|
Malta |
57 |
58 |
51 |
49 |
40 |
36 |
30 |
|
Países Bajos |
18 |
16 |
13 |
11 |
10 |
8 |
7 |
|
Austria |
40 |
34 |
28 |
25 |
25 |
23 |
18 |
|
Polonia |
58 |
52 |
48 |
44 |
39 |
35 |
33 |
|
Portugal |
63 |
60 |
56 |
54 |
50 |
46 |
41 |
|
Rumanía |
: |
74 |
69 |
64 |
62 |
57 |
54 |
|
Eslovenia |
48 |
43 |
39 |
40 |
33 |
28 |
29 |
|
Eslovaquia |
42 |
41 |
35 |
25 |
22 |
17 |
20 |
|
Finlandia |
23 |
18 |
17 |
13 |
15 |
11 |
9 |
|
Suecia |
12 |
10 |
15 |
9 |
7 |
7 |
5 |
|
Reino Unido |
28 |
29 |
22 |
19 |
15 |
13 |
11 |
|
Islandia |
11 |
9 |
8 |
8 |
6 |
5 |
4 |
|
Noruega |
15 |
17 |
11 |
8 |
6 |
5 |
5 |
Fuente: Adaptado de Eurostat.
2) En segundo lugar, la literatura sobre los posibles efectos de las TIC en el ámbito
político
aparece en un contexto en el que, desde mediados de los años sesenta, se acusa con
cierta facilidad la existencia de una crisis de las democracias representativas debida principalmente al retroceso continuo de la participación
política de los ciudadanos. Diferentes estudios empíricos de carácter comparado muestran
como la participación política por medio de
los canales tradicionales de influencia política (como los partidos, los procesos
electorales o las asociaciones estructuradas
formalmente) están en decadencia desde ya hace algunos años.
Tabla 2. Confianza en las instituciones (media de la Unión Europea-15 para el año
2004 y Unión Europea-27 para el año
2010)
|
% de personas que confían en:
|
% de personas que no confían en:
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
2004
|
2010
|
2004
|
2010
|
|
|
Sistema judicial |
48 |
47 |
44 |
48 |
|
Policía |
65 |
64 |
29 |
32 |
|
Ejército |
63 |
70 |
26 |
21 |
|
Instituciones religiosas |
41 |
40 |
46 |
50 |
|
Sindicatos |
36 |
38 |
50 |
49 |
|
Partidos políticos |
16 |
15 |
76 |
80 |
|
ONG |
61 |
- |
28 |
- |
|
Grandes empresas |
26 |
30 |
61 |
59 |
|
Gobierno |
30 |
28 |
61 |
67 |
|
Parlamento |
35 |
31 |
54 |
62 |
|
Unión Europea |
41 |
43 |
42 |
45 |
Fuente: Adaptado de Eurobarómetro #61 (2004) y #74 (2010).
Conclusiones
Como se puede comprobar, los valores más bajos de confianza ciudadana están asociados
claramente con las instituciones políticas
tradicionales (parlamentos, gobiernos, sindicatos y, muy especialmente, partidos políticos),
mientras que los valores más altos los
obtienen las instituciones diseñadas precisamente para el enforcement (policía y
ejército), y también las instituciones que permiten nuevas formas de participación
política alejadas de los canales representativos más
comunes en las democracias occidentales.
Aunque el nivel de desafección política –entendida como el sentimiento subjetivo de ineficacia,
de cinismo y de falta de confianza en el proceso político y las instituciones democráticas–
parece fuertemente asociado a determinadas
variables sociodemográficas, institucionales y coyunturales (Pharr y Putnam, 2000),
el argumento principal que desarrolla el concepto
de crisis de las democracias representativas vincula directamente el grado de participación política
(entendido como todas las actividades de carácter voluntario que quieren influir en
las políticas públicas o en la selección de
representantes políticos) con la desafección política y, a su vez, relaciona el grado
de desafección política con la legitimidad de los
sistemas políticos y su gobernabilidad. Así, cuando los estudios empíricos constatan
la desafección política que existe, encuentran una
de sus causas principales en la baja participación, al mismo tiempo que establecen
la ingobernabilidad política de las sociedades
democráticas como una de sus consecuencias principales.
Aun así, aunque los ciudadanos parece que se muestran críticos con las instituciones
políticas tradicionales (Norris, 2000), este
hecho no es una muestra de un posible cinismo político, sino que se puede interpretar
precisamente como una demostración de un
compromiso cívico que se manifiesta por medio de nuevos canales participativos.
Los discursos teóricos que analizan los posibles efectos del uso de las TIC en las
actividades políticas surgen, pues, en un
contexto marcado por la expansión de las TIC, por un lado, y por la crisis de las
democracias, por otro.
Se puede señalar que lo que de manera intuitiva denominaríamos una teoría general
sobre el impacto de las TIC en el ámbito
político todavía es imposible:
-
El análisis de este impacto se ha realizado desde perspectivas teóricas muy diferentes.
-
No disponemos de una metodología aceptada por la comunidad científica para evaluar empíricamente –y de manera comparada– las consecuencias de esta relación. Precisamente debido a este déficit no disponemos de suficientes estudios empíricos que permitan la elaboración por mecanismos inductivos.
-
Es evidente que las TIC están en evolución continua, lo que impide elaborar unos análisis vigentes temporalmente que facilitarían la elaboración de un modelo general.
Precisamente con la intención de ofrecer un primer marco teórico de referencia, Resnick
considera que las relaciones entre las TIC (concretamente internet) y la política
comprenden como mínimo tres tipos de fenómenos (Resnick, 1998):
-
La política en internet. Entendida como los acuerdos e intercambios de carácter político que se pueden establecer en internet sin la necesaria referencia a las instituciones políticas que existen fuera de la red. En este sentido, internet se considera un espacio desregulado –que no necesita regulación– en el que la actividad política tiene lugar a partir de una mezcla de consensos y de participación en un contexto que iguala a los participantes.
-
La política que impacta en internet. Entendida como el conjunto de políticas gubernamentales que afectan a internet. Desde que internet se ha convertido en un fenómeno de masas, los gobiernos han pretendido la jurisdicción sobre lo que sucede en la red y han reclamado la vigencia de un concepto de territorialidad que, en realidad, se ha convertido en un concepto sin contenido real.
-
El uso político de internet. Entendido como el uso de la red con el fin de influir en las dinámicas políticas que tienen lugar fuera de esta. Los individuos, los grupos de interés, los partidos políticos, etc., pueden establecer, por ejemplo, sitios web con el fin de modificar los parámetros que explicarían el comportamiento político de los visitantes.
Evidentemente, este uso político de las TIC (y no únicamente de internet) constituirá
nuestro centro de interés en las próximas
páginas.
Por su parte, Norris (2004) distingue cuatro perspectivas con las que la literatura
ha analizado los efectos de las TIC sobre los
procesos políticos:
1) La primera perspectiva considera internet como una verdadera ágora virtual y entiende
que la
aplicación de las TIC en el ámbito político servirá, en último término, para superar
las formas características de las democracias
representativas mediante formas de democracia directa (perspectiva ciberoptimista).
2) La segunda perspectiva parte del supuesto de que internet acentúa las desigualdades
sociales
existentes y que, por lo tanto, la brecha digital existente derivará en un modo de
neoelitismo político más acentuado (perspectiva ciberpesimista).
3) La tercera perspectiva entiende que los efectos de las TIC en la política son muy
reducidos debido a que los actores políticos no aprovechan las potencialidades que
ofrecen estas tecnologías, de manera que no se producirá
ningún cambio significativo en las dinámicas y las estructuras políticas actuales
(perspectiva
ciberescéptica).
4) La cuarta perspectiva deriva de la aplicación en el ámbito político de un modelo
análogo al
que explica los mecanismos característicos del mercado (cibermercado).
Se puede decir que, consideradas en conjunto, las aportaciones de esta literatura
evalúan de manera muy diferente el efecto de
las TIC sobre los procesos políticos. Si es posible dibujar un continuum definido
por la variable “potencialidad transformadora de las
TIC”, en un extremo encontraríamos a los autores para quienes el posible uso político
de las TIC únicamente representa pequeños cambios
que en ningún caso alteran la esencia de las dinámicas políticas tal como se conocían
antes de la generalización de las TIC. Es decir,
el uso político de las TIC simplemente se considera un ejemplo de la aplicación en
el ámbito político de una nueva tecnología. En el
extremo opuesto, otros autores defienden la posibilidad de que las TIC representen
una verdadera revolución de los procesos
democráticos que puede llegar a derivar en formas más o menos estructuradas de democracia
directa. Esto es así atendiendo a las
siguientes características de las TIC:
-
Las TIC son una tecnología que incrementa exponencialmente el volumen y la velocidad de la información transmitida, de manera que las distancias físicas y temporales pierden la importancia que tenían anteriormente.
-
Las TIC son una tecnología que permite un nivel de interactividad entre emisor y receptor que antes era imposible.
-
Las TIC son una tecnología que, por su estructura en forma de red, permite descentralizar el control sobre los procesos de comunicación, de modo que se puede generar un flujo comunicativo entre muchos emisores/receptores, que, además, pueden actuar de manera simultánea.
-
Las TIC son una tecnología que permite cambiar el estilo y el formato de los mensajes.
Lo que sí es común en el conjunto de la literatura es la idea fundamental de que las
TIC tienen significación en términos
políticos desde el momento en el que proporcionan un volumen ingente de información
políticamente valiosa y que ofrecen a los
diferentes actores instrumentos nuevos para la acción política.
En realidad, la totalidad de la literatura se puede subsumir perfectamente en dos
categorías clásicas: por un lado, encontramos
una primera literatura de carácter normativo (que incluye las perspectivas ciberoptimistas y
ciberpesimistas según Norris) y, posteriormente, encontramos una literatura de carácter
positivo o
empírico (que incluye, por los resultados obtenidos, las perspectivas ciberescéptica y la
correspondiente al modelo del
cibermercado).
2.2.Las perspectivas normativas
En general, las perspectivas normativas sobre el impacto de las TIC en los procesos
políticos defienden la posibilidad de una
verdadera revolución democrática (Negroponte, 1995). Según Gibson y otros:
“Guiados por un impulso libertario [esta literatura] concibe internet como la vía hacia el verdadero gobierno del pueblo y la razón que explica la erosión del poder de los estados y de los cuerpos intermedios. Las instituciones representativas de las democracias, como los partidos políticos y los parlamentos, sufren una crisis de legitimidad gradual y las TIC pueden llenar este vacío creando un sistema más transparente de gobernanza”.
R. K. Gibson; W. Lusoli; S. Ward (2002). “Online Campaigning in the UK: The Republic Respond?”. Documento presentado en el Congreso Anual de la American Political Science Association. Boston.
Aceptando de manera acrítica las nuevas posibilidades tecnológicas, las perspectivas
normativas sobre los efectos de las TIC en
los procesos políticos sugieren que las TIC serán instrumentos ideales para la renovación
democrática dado que facilitarán e
incentivarán la participación política de los ciudadanos.
En otras palabras, las posiciones normativas ven en las TIC la solución a los problemas
de las democracias representativas
contemporáneas.
Las perspectivas normativas parten del supuesto fundamental siguiente: las características
de las TIC (interactividad,
flexibilidad, capacidad y velocidad) incrementan el acceso y la disponibilidad de
la información política por parte de los ciudadanos.
Este es el primer paso lógico para una participación política plena. En cierto sentido,
la premisa básica de la literatura
ciberoptimista establece una condición necesaria y suficiente que asocia positivamente
las variables información
política y participación política sinceramente interesada de los ciudadanos.
2.2.1.El ciberoptimismo
Dentro de la perspectiva del ciberoptimismo, se pueden destacar dos corrientes que
nacen a partir de diferentes consideraciones
sobre el papel relativo que atribuyen a los individuos y a los colectivos, y sobre
el grado de artificialidad o naturalidad que
atribuyen a las comunidades políticas. Son las que se presentan a continuación:
1) La corriente populista
El primer punto de vista corresponde a la llamada perspectiva populista (Bimber, 1998),
que enlaza normativamente con la
tradición clásica según la cual la libertad y la autonomía individual resultan los
valores políticamente más relevantes. Precisamente
estos valores justifican que, bajo cualquier circunstancia y dependiendo exclusivamente
de sus intereses particulares, los ciudadanos
puedan definir y perseguir su propio estilo de vida. Derivando directamente conclusiones
de las posibilidades tecnológicas
existentes (como si las capacidades tecnológicas determinaran la estructura de las
instituciones políticas y sociales), se considera
que las TIC permitirán el resurgimiento de una ciudadanía con capacidad para participar
políticamente e influir en las decisiones
políticas de los gobiernos. Según la corriente populista, las TIC tienen un potencial
transformador enorme porque facilitan la
interacción horizontal entre los ciudadanos y, sobre todo, la interacción vertical
entre los ciudadanos y los responsables políticos o
los gobiernos. Con la aparición de estas nuevas posibilidades tecnológicas, el papel
de los intermediarios políticos (élites políticas
tradicionales, medios de comunicación de masas, partidos políticos, sindicatos, etc.)
disminuirá considerablemente porque ya no serán
necesarios para conseguir y organizar la información política o para inducir a la
participación política de los ciudadanos y
facilitarla: se producirá la desinstitucionalización política de estos intermediarios y un
empoderamiento (empowerment, en inglés) individual, la atribución por parte de los individuos de poderes y
funciones políticas que tradicionalmente correspondían al estado.
En resumen, se considera que, en la medida en que las TIC descentralizan el acceso
a la información y la comunicación política,
aumentan las posibilidades para la comunicación política vertical entre los ciudadanos
y los gobiernos y, como consecuencia, los
ciudadanos incrementarán su participación política directa sin la necesaria mediación
de los intermediarios políticos (Rash,
1997).
Según la corriente populista, la significación política de las TIC reside precisamente
en la capacidad para tener amenazado al
monopolio jerárquico que ejercen actualmente los medios y en la revitalización de
una democracia basada en la ciudadanía: la imagen de una red de
comunicaciones políticas diseñada y controlada directamente por los ciudadanos resultará
una verdadera actualización electrónica del
ágora clásica (Rheingold, 1993).
Evidentemente, llevado hasta el extremo, la consecuencia lógica del argumento sería
la articulación de diferentes mecanismos de
democracia directa. En este sentido, los ciberoptimistas apuntan la posibilidad tecnológica
de establecer formas de democracia directa
que potencien la participación política y que, de alguna manera, permitan superar
las dificultades de las democracias representativas a
la hora de interpretar e implementar los deseos políticos de los ciudadanos. En otras
palabras, la aplicación de todas las
potencialidades de las TIC en el ámbito político permitiría el advenimiento de una
verdadera república
electrónica (Grossman, 1996) en la cual se superaría la desconexión actual entre representantes
y representados; las TIC
tienen unas prestaciones que, mediante el referendo continuo, harían del gobierno
algo más que una simple cuestión teórica.
Según la corriente populista, las TIC ofrecen suficientes mecanismos para superar
el problema de la
agencia derivado del principio delegativo de las democracias representativas por medio de
la actualidad continua de la
ecuación información - deliberación - participación política directa (Barber, 1994;
Toffler y Toffler, 1995; Budge, 1996).
Otro escenario derivado del argumento fundamental de la literatura populista es la
posibilidad de desarrollar una democracia
gestora despolitizada en la cual el uso de las nuevas tecnologías para la toma de
decisiones políticas permitiría transferir el poder
de estos procesos de las actuales instituciones representativas a la ciudadanía: los
ciudadanos participarían directamente en el diseño
de las políticas públicas que les afectaran por medio de consultas periódicas, de
modo que aumentaría el grado de legitimidad de estas
(Toffler y Toffler, 1995).
2) La corriente comunitarista
La corriente comunitarista enlaza con una tradición republicana según la cual –y contrariamente
a la corriente populista– los
ciudadanos están orientados por su comunidad política y no tanto por sus intereses
particulares, de modo que la participación política
de los individuos se considera un requisito indispensable para la estabilidad de las
instituciones democráticas colectivas a la vez que
formaría parte intrínseca de lo que normativamente se consideraría una “buena vida”.
La corriente comunitarista entiende que una
comunidad vincula a un número limitado de personas que comparten unas normas y que
presentan un cierto sentimiento de obligación mutua:
las relaciones son cercanas, a veces íntimas, y normalmente frente a frente. Los individuos
se relacionan por medio de vínculos
afectivos o emocionales y no por la percepción que puedan tener del propio interés
(Bender, 1982).
Según la corriente comunitarista, las TIC promueven una redefinición de las relaciones
políticas porque posibilitan la aparición
de una nueva forma de comunidad política que presupone la existencia de un bien social
(o comunitario) más allá de la simple agregación
de los intereses individuales: precisamente es el concepto de comunidad el que permite atribuir un
significado intersubjetivo a este bien colectivo. En cierto sentido, las TIC reducen
las dificultades intrínsecas de la acción
comunitaria y, por lo tanto, la facilitan. Por otro lado, gracias a las TIC, la distancia
física o temporal ya no será un impedimento
para la formación y la acción coordinada de estas comunidades estructuradas virtualmente.
La corriente comunitarista entiende que las TIC facilitarán la acción colectiva o
comunitaria porque permiten la comunicación
igualitaria entre los ciudadanos y, por lo tanto, una definición mejor de los intereses
de la comunidad: en cierto sentido, las TIC
trasladan el centro de gravedad político del estado o individuo a la comunidad o grupo.
2.2.2.El ciberpesimismo
En el extremo opuesto a lo que hemos denominado ciberoptimismo encontramos la visión ciberpesimista. A pesar de compartir con el primer enfoque una concepción determinista de las consecuencias
políticas del uso de las TIC, en este caso el signo de estos efectos es negativo.
En este sentido, la corriente ciberpesimista
argumenta que las TIC acentuarán hasta extremos insospechados el elitismo político
porque incrementarán las diferencias actuales en la
participación política debidas a variables como la educación y los ingresos: las TIC
potenciarán únicamente la participación política
de las élites con los recursos y la motivación necesarios para su uso. En definitiva,
en lugar de ampliar las posibilidades para una
participación política ciudadana plena, las TIC aumentarán las diferencias entre los
que participan políticamente y los que no; de modo
que los “productos” y las decisiones políticas responderán a los intereses de una
élite cada vez más reducida (Wilheim, 2000). La razón
última de que esto sea así es que los actores políticos dominantes adoptarán las TIC
precisamente para mantenerse en su posición
privilegiada (Davis, 1999) y ofrecer resistencia al cambio político que potencialmente
se podría derivar de una aplicación intensiva de
las TIC en el ámbito de la política.
2.3.Las perspectivas positivas
La perspectiva positiva o empírica sobre los posibles efectos de las TIC en los procesos
políticos nace de la constatación de que
las previsiones formuladas por el enfoque normativo no se cumplen. Como reacción al
optimismo característico de las teorías normativas,
empiezan a aparecer una serie de estudios que, precisamente, intentan comprobar empíricamente
si este optimismo inicial estaba
justificado. En el fondo, existe la percepción de que detrás de la posición normativa
(especialmente la perspectiva ciberoptimista) hay
un alto grado de determinismo tecnológico que facilita la conexión directa entre problemas
de carácter político con soluciones de
carácter tecnológico. Por medio de la relación que se establece entre el acceso a
la información política derivada de las TIC y el
comportamiento político individual y de los grupos, la literatura normativa salva
las dificultades intrínsecas de los procesos
políticos democráticos. En cierto sentido, la posición normativa se basa en trasladar
mecánicamente los posibles efectos derivados de
las características de las TIC a la esfera política y en atribuir automáticamente
a las TIC unas propiedades transformadoras radicales.
En realidad, según las teorías positivas, el enfoque normativo superpone la lógica
tecnológica a la lógica democrática: se trata de un
wishful thinking sin ninguna verosimilitud.
En concreto, en relación con las posiciones normativas, los enfoques realistas observan
los déficits argumentativos o
conceptuales siguientes:
1) No hay evidencias empíricas que permitan asociar positivamente un incremento de la
información política con un incremento de la participación política individual o colectiva.
En este sentido, tanto la expansión de la
educación obligatoria en los países occidentales como la expansión de los medios de
comunicación de masas (los dos momentos históricos
más significativos en términos de difusión de la información política) habrían demostrado
la inexistencia de esta asociación. La conexión
fundamental que lleva a cabo la literatura ciberoptimista entre la información política
y la participación política resulta un supuesto
erróneo que desvirtúa completamente las conclusiones a las que llega. El acceso a
la información política es una condición necesaria
pero no suficiente para explicar la participación política.
2) Las perspectivas positivas argumentan que, en la medida en que se consideran los
costes
asociados a la información política (costes derivados de la elaboración, obtención,
procesamiento y uso instrumental de esta
información), el edificio argumentativo y las conclusiones del enfoque ciberoptimista
se derrumban completamente y no resisten ningún
contraste empírico.
3) Las teorías normativas (y más concretamente, la corriente populista) no reconocen
el hecho de
que los intermediarios políticos no solamente transmiten información: también la procesan
y la hacen comprensible. Esto es posible
porque las perspectivas normativas tan solo consideran los efectos que las TIC pueden
tener sobre los actores y las instituciones
políticas sin tener en cuenta al otro polo: las estrategias de los actores y las instituciones
políticas determinan los parámetros de
los usos de las TIC con finalidades políticas. Por lo tanto, el marco institucional
(institutional framework) se
debe tener en cuenta a la hora de evaluar estos usos.
4) En este sentido, el corolario de la perspectiva ciberoptimista (el establecimiento
de formas
de democracia directa) no escapa a ciertas contradicciones lógicas evidenciadas por
la literatura de la elección racional: los procesos
democráticos no permiten establecer una función que conecte directamente las preferencias
de los ciudadanos con las decisiones
políticas colectivas. Estas no son el producto “puro” de la agregación de las preferencias
individuales: dependen de variables
institucionales que nos remiten a la manera de contabilizar estas preferencias, al
orden en el que se formulan las preguntas, al número
de cuestiones en lucha, etc. (McLean, 1989).
5) Las TIC no ofrecen soluciones fáciles a la complejidad de los problemas sociales
o políticos.
En consecuencia, es necesario tomar en consideración una variable cualitativa relevante:
no es lo mismo decidir dónde se tiene que
construir un nuevo centro asistencial que decidir sobre las características de un
nuevo código penal o del reglamento de un parlamento.
La complejidad de muchas cuestiones políticas implica diferentes exigencias informativas.
La esencia de la toma de decisiones y el
debate racional sobre los temas políticamente importantes impide la reducción a un
automatismo de carácter tecnológico basado en el
voto favorable o contrario, en la dicotomía del sí o del no.
6) Es muy difícil medir cuantitativamente si hay o no una comunidad política (a diferencia
de la
participación política individual), lo cual constituye el gran problema teórico de
la perspectiva comunitarista.
7) Las TIC no parecen el canal ideal para la construcción de comunidades. Incluso si
obviamos
las dificultades en la definición de lo que es una comunidad y aceptamos lo que se
entendería intuitivamente por esta idea, hay
dificultades de carácter práctico que justificarían la afirmación precedente: las
TIC (y principalmente internet) no resultan el
contexto ideal para la familiaridad, las relaciones sociales estables y la articulación
y formulación de demandas colectivas, variables
necesarias para la constitución de una verdadera comunidad. En este sentido, la naturaleza
individual, anónima e impersonal de las
comunicaciones basadas en las TIC dificultaría la creación de unas comunidades basadas
en el compromiso colectivo más allá de los
intereses particulares.
8) Las características de las TIC no predisponen al debate político, a la deliberación
en torno
a posiciones opuestas. En la medida en que el volumen de información permite al usuario
encontrar argumentos favorables a una
determinada posición política, esta se ve reforzada y el usuario se inmuniza ante
posiciones contrarias. De este modo se impide el
debate y se genera una separación de las comunidades, una balcanización del ciberespacio (Levine,
2002; Sunstein, 2001).
Basándose en estas críticas contra las conclusiones principales desarrolladas por
la literatura normativa, el enfoque positivo
propone hacer estudios empíricos para comprobar cómo –y con qué finalidades– los diferentes
actores políticos utilizan las TIC en el
mundo real. En los módulos siguientes analizaremos con detalle las aportaciones principales
de este enfoque en relación con los
posibles efectos del uso de las TIC por parte de los ciudadanos, los grupos, los partidos
políticos, los parlamentos y los gobiernos.
Como veremos, las conclusiones principales de estos análisis empíricos entran claramente
en contradicción con las especulaciones
futuristas de la literatura normativa: el tendría que ser y el es discurren paralelamente,
sin encontrarse.
Dicho de otro modo, las TIC no se han convertido en el instrumento para la transformación
de los procesos políticos democráticos:
el mundo político real ha colonizado el ciberespacio de tal manera que la red ha
perdido su inocencia política (Margolis y Resnick, 2000). Los usos políticos de las TIC reflejan los parámetros
políticos ya
existentes y el ágora virtual se ha institucionalizado como una nueva arena política para la
competición por el poder.
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