Externalidades y bienes colectivos

  • Joan Pasqual Rocabert

    Joan Pasqual Rocabert es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de numerosas publicaciones sobre evaluación de proyectos, análisis coste-beneficio y economía pública.

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Introducción

El propósito de este módulo es describir críticamente los principales instrumentos económicos que se utilizan, o se pueden utilizar, para la política medioambiental. Examinaremos los instrumentos económicos más usuales: los impuestos, junto con otras soluciones clásicas, tanto las basadas en regulaciones administrativas como las que se basan en la acción del mercado, sin olvidar las soluciones espurias.
También presentaremos las principales alternativas, las actuaciones reguladoras del estado que no tienen carácter coercitivo –es decir, las obtenidas mediante consenso– y el papel de nuevas instituciones sociales. Por falta de espacio, no analizaremos las subvenciones y otros instrumentos de fomento, como por ejemplo, los instrumentos financieros, las mejoras en los costes de transacción o las instituciones que inciden en la gestión económica; a pesar de su importancia, tampoco se trata del problema específico de los países en desarrollo.
Finalmente, presentaremos una caracterización de los bienes colectivos y otros bienes económicos de interés.
La localización de actividades de producción y consumo merece un capítulo aparte por su incidencia en el medio ambiente. Obviando los modelos clásicos de localización, presentaremos un nuevo procedimiento, el de emparejamiento (matching), que puede resultar útil para la asignación de espacios para empresas y consumidores, según que contaminen o no, entre varios municipios dependiendo de sus preferencias. También mencionaremos un modelo de subastas para la ubicación de “males colectivos”, como vertederos y prisiones, por ejemplo, y también la utilización del análisis coste-beneficio para decidir la ubicación de bienes colectivos locales.
Finalmente, introduciremos el tiempo y la existencia de generaciones en el análisis. Examinaremos el papel de la tasa de descuento en el cálculo económico, tanto por parte de los agentes individuales como del estado, en las decisiones intertemporales de consumo y en las herencias. Asimismo, introduciremos el concepto de economías de duración y analizaremos el conflicto entre los intereses individuales y el social junto con propuestas de solución.
No es posible abordar los problemas de la economía del medio ambiente y de los recursos naturales sin disponer de la base que proporciona la teoría de las externalidades y los bienes colectivos. Los efectos externos y los bienes colectivos deben ser entendidos en sentido amplio, es decir, teniendo en consideración todos los costes y beneficios, en particular los que afectan a los recursos naturales y el medio ambiente, con una atención especial a los que involucran a las generaciones futuras. A continuación, presentaremos los conceptos más básicos, junto con algunas extensiones nuevas.
Externalidades
Se entiende por externalidad o economía externa cualquier coste o beneficio que se impone involuntariamente a cualquier persona. Surge una externalidad cuando ocurre al menos uno de los tres casos siguientes:
1.º Cuando las actividades de un agente económico –productor o consumidor– afectan a las posibilidades de actividad de otro agente económico. Así, el uso destructivo de recursos naturales, como el aire, el agua o los bosques, afectan a las posibilidades de una utilización posterior de estos recursos, tanto para la producción como para el consumo, en particular para las generaciones futuras.
2.º Cuando la función objetivo de un agente económico depende de alguna variable controlada por otro agente económico. La utilidad o satisfacción de un consumidor A depende de variables controladas por el agente B, como es el estado de las carreteras, la cantidad preservada de recursos naturales, la programación cultural, el importe de una herencia o el volumen del televisor del vecino. En estos casos, se dice que B provoca una externalidad en A. El agente B puede ser contemporáneo de A o un antecedente lejano.
3.º Cuando hay interdependencias entre dos o más funciones objetivo, con unos efectos económicos que el mercado no valora.
En resumen, hay una externalidad cuando el sistema de precios no recoge toda la información relevante, sino solo una parte; esto ocurre cuando el beneficio marginal social (BMS) difiere del privado (BMP) porque no tiene en consideración el beneficio externo correspondiente (BME) y cuando el coste marginal social (CMS) es diferente del privado (CMP) porque no incorpora el externo (CME) –se entiende aquí por social el total–. En otras palabras:
BMS = BMP + BME ≠ BMP
CMS = CMP + CME ≠ CMP
Un ejemplo típico de BME sería el beneficio que representa para el conjunto de la sociedad un aumento del consumo de cultura. El problema de las externalidades se presenta con una virulencia especial cuando estos impactos –BME o CME– afectan a las generaciones futuras, sobre todo si no suponen ningún coste para las generaciones presentes.
Dado que los agentes individuales (las naciones) tienden a prescindir de los costes y beneficios externos, es necesaria la intervención de alguna institución supraindividual (supranacional) como condición necesaria de eficiencia. Y dado que se define una externalidad como todos los impactos que quedan fuera del ámbito en el que se consideran los costes y beneficios, esta primera solución es trivial, basta con ampliar este ámbito para que la externalidad desaparezca. Hay cuatro maneras clásicas de solucionar –internalizar– un problema de externalidades:
  • Mediante impuestos (Pigou).

  • Mediante el mercado (Coase).

  • Regulación administrativa.

  • Regulación cultural.

La solución impositiva consiste en un impuesto por unidad de producción o consumo, calculado de manera que coincida con el valor de la externalidad marginal en el punto óptimo. Este tipo de solución tiene propiedades teóricas excelentes. El principal inconveniente de este instrumento es el coste de información y gestión, dado que hay que calcular el impuesto pigouviano para cada producto y cada productor; la utilización de valores medios, u otra aproximación, afectaría a la eficiencia.
La solución que usa el mercado consiste en una apropiación previa de los derechos de propiedad (DDP) por parte del estado. A continuación, se toma una parte de estos DDP, se reparten entre los diferentes agentes y se permite que las partes interesadas negocien libremente estos DDP, y se determinan así los niveles de producción y contaminación. La solución mediante acuerdos entre agentes y la fusión de empresas sometidas a externalidades recíprocas, por ejemplo, es una aplicación de este tipo de solución. Por otro lado, no es posible abordar el problema de las generaciones futuras sin una definición adecuada de los DDP intergeneracionales (DDPI). En particular, la consideración de los costes irreversibles, como la desaparición de una especie, es contingente a la definición previa de los DDPI.
La solución mediante regulación administrativa, aunque presenta inconvenientes serios de tipo teórico, tiene ventajas apreciables, sobre todo como apoyo a otros instrumentos. Típicamente, se concreta en unos niveles máximos de contaminación que si se superan dan lugar a una penalización. Resulta particularmente adecuada tanto como una primera aproximación al problema, como para resolver cuestiones extremas, caso de los contaminantes especialmente nocivos y costes externos irreversibles. Es adecuada en el caso de gran divergencia entre el cálculo de costes y beneficios individuales y el cálculo social correspondiente. Asimismo, puede ser útil cuando los impactos externos de una actividad sean difíciles de cuantificar o valorar.
Hay que recordar que: 1) si en la situación inicial los DDP sobre el medio ambiente no están definidos, esto equivale a asignarlos a los agentes contaminadores que pertenecen a la generación presente, y 2) que cualquier solución implica una redistribución de la riqueza de la que disponían los contaminadores. Es decir, cualquier actuación en el campo de las externalidades implica una redefinición de los DDP, implícita o explícita.
Hay también una pseudosolución al problema de las externalidades cuando las externalidades son transferibles. En este caso, el primer receptor de la externalidad puede dejar de soportar sus efectos y transferirla a otros. Son ejemplos típicos de ello el transporte de residuos fuera de la zona que los genera y el cambio de ruta de tráfico pesado. La manera más fácil y directa de transferir una externalidad es transfiriendo la actividad que la genera. La localización de fábricas altamente contaminantes en zonas en desarrollo constituye una aplicación muy extendida de las posibilidades de transferir una externalidad.
Bienes colectivos
La noción de bien colectivo –Samuelson (1954)– se opone a la de bien privado por sus características en el consumo, sin ninguna relación con el tipo de propiedad –pública o privada– del bien. En un bien privado, como las manzanas o los zapatos, hay rivalidad en el consumo dado que, si se consume una unidad, el total disponible para el consumo queda disminuido en esta unidad. Por el contrario, si se trata de un bien que tiene características de colectivo, como el clima de la tierra o, en menor medida, un paisaje o un concierto, todos los consumidores consumen toda la cantidad disponible; la cantidad disponible no se reparte, no hay rivalidad. Huelga decir que el medio ambiente y los recursos naturales tienen características claras de bien colectivo. Los bienes que tienen la característica de colectivo, pero solo dentro de un ámbito determinado, se denominan colectivos locales.
En los bienes colectivos puros no existe posibilidad de exclusión de ningún consumidor. Por este motivo, surgen graves inconvenientes no solo en la provisión de este tipo de bienes, sino también cuando solo se quiere conocer cuál es la valoración de este bien por parte de un individuo. En efecto, dado que nadie puede ser excluido del consumo aunque no se haya contribuido a la financiación del bien, el sector privado no los podrá producir, al menos con los sistemas habituales de financiación ex post. Si los suministra el sector público, el consumidor tenderá a subvalorar el bien con objeto de eludir el pago de los impuestos o tasas necesarias para financiar el bien colectivo. Este comportamiento, tipificado como propio del polizón (free-rider), puede ser corregido en determinadas circunstancias; en otro caso, el suministro de bienes colectivos –aire limpio o diversidad genética, por ejemplo– será inferior al óptimo.
Bienes hipercolectivos
Si un bien es colectivo, la incorporación de un consumidor efectivo adicional no afecta al consumo de este que pueden hacer los otros consumidores. Aquí se propone denominar bienes hipercolectivos cuando sucede que el consumo que se puede hacer de estos bienes aumenta al aumentar el número de consumidores. La utilidad que se obtiene del consumo que se realiza en las discotecas depende de la cantidad de consumidores. Lo mismo ocurre en determinados tipos de asociaciones, sindicatos o partidos políticos, porque la utilidad de cada miembro aumenta con el número total de estos miembros.
La provisión de bienes de este tipo constituye un antídoto excelente para el problema del polizón: cuanto mayor sea la cantidad de miembros y simpatizantes de asociaciones relacionadas con la protección del medio ambiente, mayor será la demanda social efectivamente manifestada y, en consecuencia, la cantidad suministrada.
Bienes subprivados
En un bien privado una unidad consumida disminuye en exactamente esta unidad el total disponible para el consumo posterior. Se propone aquí denominar bienes subprivados a los bienes cuyo consumo disponible disminuye más de una unidad cuando se consume una unidad. El ejemplo típico lo constituye el uso de subsuelo urbano con redes de servicios públicos, dado que el espacio efectivamente ocupado es muy inferior al espacio total inutilizado.
En resumen, todos estos bienes se pueden caracterizar mediante un factor K* de eficiencia en el consumo, según la fórmula siguiente:
disminución en cantidad disponible = K* · cantidad consumida
Los valores de K para cada tipo de bien se expresan a continuación:
  • K* < 1: hipercolectivo

  • K* = 0: colectivo puro

  • 0 < K* < 1: colectivo local

  • K* = 1: privado puro

  • K* > 1: subprivado

El factor K de aprovechamiento del consumo será de K* en el mejor de los casos. En la práctica, el valor concreto que adquiere K será mayor o igual que K*, y la distancia entre K y K* es una medida de la eficiencia en el consumo del bien. Un indicador de K puede ser valorado mediante métodos econométricos; por ejemplo, en Busom (1991) se encuentra una medida de la apropiabilidad, o posibilidades de privatización, de los resultados obtenidos por las empresas en I+D.
El cuadro precedente se puede completar introduciendo la dimensión temporal. Los bienes pueden ser duraderos, o no, o tener una duración ilimitada. A continuación, se caracterizan los bienes según su duración.
Bienes duraderos
Por oposición a los bienes no duraderos, cuyo consumo implica la destrucción inmediata del bien como tal, como las manzanas, por ejemplo, se considera que un bien es duradero si no se agota en un solo acto de consumo: permite un uso continuado durante un cierto tiempo, y la realización de varios actos de consumo, antes de que se produzca una pérdida apreciable de sus características básicas. La característica de bien duradero es compatible, en cualquiera de sus grados, con la de privado –caso de las corbatas, por ejemplo– y con la de colectivo –como un faro en la costa–.
Bienes hiperduraderos
Un caso de bien duradero especialmente interesante es el de todos los bienes cuya duración es de dos o más generaciones y, en particular, los de duración ilimitada. Para este tipo de bienes se propone aquí la denominación de bienes hiperduraderos. El conjunto de bienes que forman una cultura y los bienes naturales autorreproducibles constituyen casos típicos no solo de bienes colectivos, sino también de bienes hiperduraderos, dado que sus beneficios se pueden extender a una cantidad ilimitada de generaciones.
Bienes transformables
Se propone aquí denominar bienes transformables a aquellos en los que resulta posible cambiar la característica de privado, subprivado, colectivo, hipercolectivo, hiperduradero, duradero o no duradero. Así, un espacio de aparcamiento es privado pero puede ser utilizado como subprivado: basta con situar el automóvil en el centro de dos espacios de aparcamiento consecutivos. Una obra de arte se puede consumir como bien colectivo, si la puede contemplar cualquier consumidor, como bien privado si únicamente la puede consumir su propietario, o como subprivada si permanece olvidada en los sótanos de un museo o alguien la destruye. El grado de transformación se refleja en la modificación del factor K de eficiencia en el consumo.
En cuanto a la duración de los bienes, esta característica es también transformable generalmente. Tan posible es asegurar la supervivencia de una especie que sin la intervención humana desaparecería, como destruir un bien autorreproducible. Existen multitud de posibilidades intermedias, se puede modificar la duración de un bien en uno o más periodos. Esta posibilidad, aplicada a los bienes privados, se denomina obsolescencia programada e implica costes ambientales importantes por la posible proliferación de productos de desecho con costes no internalizados.
La capacidad para transformar la característica de un bien implica fuertes riesgos y también buenas posibilidades de política ambiental. Uno de los principales problemas de los recursos naturales y del medio ambiente radica en su principal virtud, su característica de bien colectivo, dado que cualquier consumidor lo puede usar de manera que resulte privatizado, es decir, se reduzca el consumo a un solo individuo. Del mismo modo, un bien hiperduradero –como el flujo de agua potable que se puede extraer de un acuífero durante un tiempo ilimitado– se convierte en no duradero si se consume de manera destructiva al sobreexplotar el acuífero.
Transformar ligeramente la característica de bien colectivo, de manera que sea menos pura, por ejemplo restringir el acceso a un parque natural, puede ser una buena medida de preservación del espacio. En otros casos, una transformación puede ser de interés para posibilitar el suministro privado de un bien colectivo y, de este modo, eludir restricciones financieras eventuales del sector público. Asimismo, modificar la duración de un bien puede constituir una medida de política ambiental excelente, porque si se aumenta su duración se reducen los productos de desecho y, en algún caso, la reducción de la duración puede suponer ventajas para el uso de una tecnología menos costosa.

1.Soluciones clásicas para las externalidades

Bajo el principio “quien contamina paga” (polluter-pays principle), se encuentra la solución impositiva a la Pigou, principalmente, y también la solución de mercado, en cuanto a los derechos de propiedad (DDP), aunque estén asignados íntegramente al contaminador. Dado que cualquier solución para una externalidad negativa implica la internalización del coste externo, el aumento del coste que se tiene en consideración para tomar decisiones es inevitable, sea cual sea la forma de regulación elegida.

1.1.El impuesto pigouviano

En su forma más pura, el impuesto pigouviano consiste en un impuesto por unidad producida, calculado de manera que su importe coincide con el valor de la externalidad evaluada en el punto óptimo. De este modo, se modifica el coste marginal privado (CMP) del productor y coincide con el coste marginal social o total (CMS). El productor regulado de este modo contabiliza un aumento del coste al producir una unidad adicional por valor de CMP + t; si t es igual al valor de la externalidad o coste marginal externo (CME) se obtiene CMP + t = CMP + CME = coste marginal social (CMS), que es lo que se quería.
Figura 1. Solución pigouviana a una externalidad negativa
Figura 1. Solución pigouviana a una externalidad negativa
La función de este impuesto es únicamente asignativa –modificar la cantidad-. Se producen, sin embargo, modificaciones distributivas puesto que se ve afectado el beneficio del productor; estas modificaciones se pueden obviar mediante una subvención o un impuesto de suma fija (lump-sum).
Es importante destacar la necesidad de tener en consideración la existencia de restricciones institucionales eventuales. Por ejemplo, una empresa no puede obtener beneficios negativos, porque si esto sucediera cerraría y la pérdida social podría ser superior a la situación anterior a la regulación. Asimismo, en una sociedad democrática puede existir la necesidad de no provocar disminuciones significativas de beneficios con el fin de que la propuesta de regulación pueda ser aprobada por unanimidad. Dado que, por hipótesis, los beneficios totales de la regulación superarán siempre las pérdidas del productor, siempre es posible compensar estas pérdidas y conseguir la unanimidad deseada.
El impuesto pigouviano puede ir a cargo del consumidor en lugar de al productor, o repartirse entre ambos, con exactamente los mismos efectos asignativos. Los efectos distributivos podrían variar, pero siempre es posible corregirlos mediante subvenciones de suma fija. La elección del sujeto del impuesto dependerá de cuestiones políticas.
Como es natural, si además de una externalidad existen otras disfunciones, como un monopolio, por ejemplo, entonces la política adecuada –teorema del second best– no coincide con la que permitiría conseguir un óptimo paretiano –first best-.
Figura 2. Solución pigouviana a una externalidad negativa con monopolio
El efecto del monopolio es el opuesto al producido por las externalidades negativas. Para conseguir la cantidad óptima, Xº, se necesita un impuesto tºM < tº = CME|Xº y puede llegar a ser negativo, lo que ocurriría si el CMS pasara por un punto como el Z, por ejemplo.
El efecto del monopolio es el opuesto al producido por las externalidades negativas. Para conseguir la cantidad óptima, Xº, se necesita un impuesto tºM < tº = CME|Xº y puede llegar a ser negativo, lo que ocurriría si el CMS pasara por un punto como el Z, por ejemplo.
En lugar de un impuesto por unidad de producción, se puede seguir una vía más directa: un impuesto por unidad de vertido o de residuo provocado. Igual que en el caso del impuesto por unidad de producción, el total pagado dependería de la cantidad y las características de la contaminación producida y del coste de tratamiento de los residuos. La elección de una base o de otra dependerá de los costes políticos y de gestión de ambas versiones de un mismo sistema impositivo.
Implantar un impuesto por la contaminación provocada significa expropiar la riqueza medioambiental que, inicialmente, estaba en poder de los contaminadores. No es extraño, pues, que los impuestos que se aplican por primera vez sean inferiores a los óptimos: se trata de repartir estas pérdidas de riqueza en varios periodos de cara a minimizar la resistencia de los contaminadores a la imposición mediante la creación de ilusión fiscal.

1.2.Repercusión de los costes externos en el precio

Se podría pensar que en lugar de un impuesto pigouviano para corregir o internalizar la externalidad, bastaría con obligar a los productores a tener en consideración los costes externos en la formación del precio. Es inmediato ver que esta propuesta, que puede conseguir adeptos con facilidad, y que sería válida para una economía centralizada, constituye una solución falsa en todo sistema económico descentralizado. Con objeto de evaluar la propuesta, se examinan dos casos polares: en primer lugar, la producción siguiendo las reglas del monopolio clásico y, en segundo lugar, la producción en situación de competencia perfecta.
Si la producción del bien generador de externalidades negativas es a cargo de un monopolista clásico, ocurren dos efectos de signo opuesto. Por el hecho de ser una producción monopolista, la cantidad producida será inferior a la óptima. Por otro lado, dado que la producción genera externalidades negativas por hipótesis, la producción será superior a la óptima. Se pueden dar dos casos: caso 1, el resultado final será ineficiente por defecto –menos producción que la óptima– si el efecto del monopolio es más fuerte que el efecto de la externalidad o, caso 2, se obtiene una cantidad ineficiente por exceso cuando el efecto del monopolio es menos fuerte que el de la externalidad. A continuación examinaremos ambos casos.
Caso 1
Si la combinación de los dos efectos mencionados proporciona una cantidad ineficiente por defecto y se obliga al monopolista a incorporar en el precio los costes externos, entonces, necesariamente, aumentará el precio al consumidor y disminuirá la cantidad final asignada. Es decir, la cantidad final se aleja todavía más de la óptima y, en consecuencia, se consigue unanimidad en contra de la medida.
Caso 2
Si la situación inicial es de ineficiencia por exceso, entonces la incorporación coercitiva de los costes externos implica disminuir la cantidad y el resultado final en términos de eficiencia es incierto. En efecto, puede ocurrir que aunque no se consiga un óptimo, se disminuya la distancia –medida en términos de excedente total– entre la asignación realizada y la correspondiente al óptimo. Pero no se puede descartar que el resultado sea una ineficiencia por defecto mayor que la ineficiencia por exceso inicial. En el mejor de los casos, se conseguiría un aumento del excedente del consumidor a expensas de disminuir el beneficio del productor por un importe que puede ser superior. Es decir, no es posible asegurar que se pueda compensar al monopolista por su pérdida con lo que han ganado el conjunto de los consumidores.
En el caso de suministro a partir de un mercado perfectamente competitivo, la propuesta de incorporar los costes externos en el precio es sencillamente inaplicable. Si se tienen en consideración los costes externos, aumenta el precio al consumidor y disminuye la cantidad final asignada. Se produce un aumento del excedente del consumidor y una disminución del beneficio del productor, de modo que los consumidores podrían compensar económicamente a los productores y continuar ganando.
El principal escollo con el que se econtraría la propuesta no consiste en el formidable coste de gestión de la medida, sino en la falta de incentivos de los productores para darle apoyo. En efecto, basta con que un solo productor consiga ocultar una pequeña parte del coste –privado o externo– para poder vender a un precio ligeramente inferior al de la competencia y, en consecuencia, dominar el mercado. Los beneficios que se obtendrían en este caso serían tan altos que sería utópico esperar el cumplimiento de la norma. Como se ha sugerido al principio, la propuesta podría tener sentido para empresas públicas o fuertemente intervenidas por el estado.

1.3.Seguros y depósitos de garantía

Cuando la contaminación no es un hecho cierto, pero se puede producir con una probabilidad significativamente mayor que cero, el impuesto pigouviano adquiere la forma de un seguro obligatorio o un depósito de garantía, que cubrirían todos los posibles daños que se pudieran producir. En el caso del seguro obligatorio, el productor internaliza la externalidad por medio de la prima correspondiente: la cantidad de producción se adapta al aumento de coste; además, entre dos procesos productivos se elegirá el resto constante, el que se corresponda con la menor prima de riesgo, es decir, el que tiene una esperanza de coste ambiental inferior.
La mecánica del depósito de garantía es la misma: cuanto mayor sea el riesgo y mayor sea el daño posible, más elevado será el depósito –o el aval bancario equivalente– que se debe entregar y que se devuelve una vez finalizada la actividad sin pérdidas. En consecuencia, aumentará el coste para el productor, debido al capital inmovilizado, y tendrá incentivos para disminuir el coste ambiental.
Las aplicaciones de ambas versiones son interesantes y amplias. Para prevenir la contaminación que pueden producir las denominadas pilas botón al ser rechazadas, se podría establecer un depósito obligatorio que debería hacerse efectivo en el acto de compra al fabricante y que sería devuelto al entregar la pila usada en los puntos predeterminados de recepción de estos desechos.
Considerad ahora la propuesta de establecer un seguro obligatorio frente a daños ambientales eventuales de superpetroleras y centrales nucleares, por mencionar algunos casos; posiblemente se obtendría mejor información sobre la rentabilidad real de estas actividades. Sin duda, si ninguna compañía de seguros –o consorcio– quisiera hacer de manera voluntaria la operación de seguro, esto sugeriría que la prima adecuada es excesivamente alta y, en consecuencia, habría que cuestionar la continuidad de estas actividades en su forma actual. Huelga decir que la principal dificultad en la aplicación de este instrumento es política, aunque no se quiera aplicar a casos extremos, como la producción de seguridad nacional.
Este instrumento podría ser un buen complemento de otros, aunque estas combinaciones no estarían exentas de graves dificultades. Considerad, por ejemplo, el caso de los bosques. El propietario debería recibir un pago periódico por la conservación del bosque dependiendo del valor de la función beneficiosa que ejerce el bosque –BME– y que el mercado no valora –la diferencia entre el valor total del bosque y el valor de su explotación-. Aunque, en teoría, este pago por el BME producido debería ser suficiente, se puede complementar con un seguro que cubra el valor total del bosque –el privado más el externo– frente a eventuales siniestros. En este caso hay dos problemas de difícil solución: la compatibilidad de la conservación del bosque con los incentivos individuales del propietario, con el objetivo de prevenir siniestros intencionados, y una manera de evitar atentados por parte de terceros.

1.4.Mercados de derechos de contaminación (DDC)

Si los derechos de propiedad (DDP) sobre un bien no están correctamente definidos desde una perspectiva económica, esto equivale a otorgarlos a cualquier usuario. En el caso de los recursos naturales y el medio ambiente, la no definición implica, de hecho, dejarlos en manos de los contaminadores que pertenecen a la generación presente y, en ausencia de regulación o transacciones, conseguir un nivel máximo de contaminación. Contaminación máxima significa que se contaminará hasta que ningún consumidor obtenga ninguna utilidad para contaminar una unidad adicional ni ningún productor pueda aumentar su beneficio incrementando marginalmente la contaminación. En el límite, una sola generación podría agotar cualquier recurso sin incurrir en ningún coste privado.
Si los DDP se otorgan a las víctimas de la contaminación, el nivel inicial de contaminación, en ausencia de un mercado de DDC, será nulo. Dada la presencia de costes de transacción económicamente significativos, el mercado de DDC conseguirá un resultado u otro según a quiénes se otorguen los DDP sobre el medio ambiente. En la práctica, serán las leyes las que indiquen en qué medida los DDP están en manos de los contaminadores o de las víctimas: se conseguirán niveles de contaminación de equilibrio más altos si los DDP corresponden en mayor medida a los contaminadores –leyes permisivas– que si se asignan los DDP a las víctimas –leyes restrictivas-. Para ser coherentes con el principio de “quien contamina paga”, los DDP se deben otorgar a las víctimas.
El método se basa en la libre negociación entre las partes implicadas –contaminadores y víctimas–, que acuerdan unas cantidades de contaminación y unos precios compensatorios. En condiciones ideales, es decir, con competencia perfecta, ausencia de costes de transacción y ausencia de efecto riqueza, el precio acordado coincide con el valor del impuesto pigouviano equivalente (podéis ver la figura 3).
Asimismo, la asignación resultante sería independiente de si los DDP se otorgan íntegramente a los contaminadores o a las víctimas. Si falla al menos uno de estos supuestos de partida, la contaminación será ineficiente por exceso (defecto) si los DDP se conceden a los contaminadores (las víctimas), como se expresa en la figura 4.
Este método provoca fuertes redistribuciones de renta de los contaminadores a las víctimas, si estas tienen los DDP; por este motivo, la asignación de DDP en la práctica se lleva a cabo de manera parcial, incrementando la reasignación gradualmente.
Hay numerosas variantes de este instrumento y varias combinaciones con regulaciones administrativas. Una variante inmediata es la negociación de los denominados derechos de desarrollo (DDD) en zonas clasificadas, por ejemplo agrícolas, que restringen la cantidad y el tipo de actividad económica que llevar a cabo. En combinación con normas de tipo administrativo, se concretan en la posibilidad de intercambiar DDD con ciertas limitaciones, por ejemplo, acuerdos limitados a empresas, actividades, zonas o tipos de vertido determinados. El funcionamiento es el mismo, si bien el resultado será producido por la presencia de estas limitaciones normativas.
El talón de Aquiles del sistema de DDP radica en su propia base, la libre negociación entre los implicados. ¿Cómo se debe negociar con los afectados si estos pertenecen a generaciones futuras? Todo sugiere que, además de refinar el concepto de DDP –Bromley (1978)– estableciendo varios grados de propiedad, habrá que proceder a importantes reformas institucionales y constitucionales para intentar resolver este problema.
Figura 3. Solución de Coase a una externalidad negativa
Figura 3. Solución de Coase a una externalidad negativa
Figura 4. Externalidad negativa. Solución de Coase que considera el efecto riqueza
Con los DDP en poder de los contaminadores, el valor del recurso es VMS0. Con los DDP en manos de las víctimas, la VMS y el precio del recurso son mayores (VMS1 > VMS1 y t1 > t0) y la contaminación M es inferior.
Con los DDP en poder de los contaminadores, el valor del recurso es VMS0. Con los DDP en manos de las víctimas, la VMS y el precio del recurso son mayores (VMS1 > VMS1 y t1 > t0) y la contaminación M es inferior.

1.5.Solución al estilo de Demsetz-Tullock

La denominada propuesta Demsetz-Tullock para la corrección del fracaso del mercado en el caso de monopolio natural –Demsetz (1968) y Tullock (1965)– se puede aplicar al caso de recursos naturales y medio ambiente sin hacer nada más que algunas adaptaciones.
Si un espacio o recurso determinados están gestionados por el mercado y el resultado conseguido se aleja significativamente de lo que la sociedad considera deseable, es posible que intervenga el sector público para mejorar la gestión. Una manera drástica de intervención consiste en comprar la propiedad o los derechos de explotación y uso de este espacio o recurso. Una vez la propiedad está en manos del sector público hay dos alternativas básicas: la gestión directa o la gestión a partir de agentes privados. Los problemas inherentes a la gestión burocrática pueden motivar el encargo de la gestión al sector privado.
La propuesta Demsetz-Tullock consiste en que el estado adquiera los derechos de propiedad y la adjudicación de un contrato de gestión al sector privado mediante una subasta. Se otorga el contrato al licitador que propone un conjunto de condiciones de gestión más cercano del que se conseguiría en condiciones ideales definidas previamente.
Haciendo abstracción de posibles defectos del sistema de subasta usado –Pasqual (1987)– el resultado tiende a la optimización. En la práctica, si se quiere obtener un buen resultado en términos de eficiencia es necesario:
  • Establecer correctamente los objetivos que hay que lograr, junto con indicadores fiables que permitan determinar tanto el grado de consecución de cada objetivo específico como la distancia al objetivo global.

  • Disponer de un número elevado de licitadores potenciales independientes.

2.La regulación, administrativa o social

2.1.Establecimiento de un límite por productor

2.1.1.No es posible incumplir la norma establecida
Este tipo de solución se basa en la imposición a los productores de unos límites máximos de contaminación o efecto externo. En este apartado se supone que no hay ninguna manera de eludir la normativa –en el apartado siguiente se relaja esta hipótesis– porque el coste de no cumplimiento es prohibitivo. El inconveniente principal que presenta este tipo de solución es intrínseco a toda norma: la incapacidad de adaptación a la casuística existente. Cumple bien el principio de tratar igual a los iguales pero, en general, será incapaz de dar un tratamiento diferenciado a casos objetivamente diferentes. La combinación de este instrumento con la libre negociación de DDC permite paliar el problema de la adaptación a cada caso particular.
A continuación presentamos dos casos. El primero sirve para ilustrar la ineficiencia que puede generar una normativa rígida, mientras que el segundo muestra la potencia de este tipo de solución para eludir el conflicto entre racionalidad individual y racionalidad colectiva.
Caso 1
Consideremos dos empresas, A y B, que producen un mismo bien. Las dos tienen unos costes privados y generan costes externos. Supongamos que el coste privado de la empresa A es inferior al de la B; por el contrario, el coste externo de la A es superior al de la B, aunque el coste social –el privado más el externo– de la A es inferior al de la B. La empresa A es la más eficiente, dado que el coste total o social es menor. Sin embargo, puede ocurrir que la empresa A produzca una externalidad mayor que la permitida por la normativa vigente y se vea obligada a cerrar o adoptar la tecnología usada por la empresa B que, por hipótesis, es menos eficiente.
Caso 2
En un municipio se aprueba una ordenanza municipal que obliga a sustituir las antenas individuales de televisión por una antena colectiva por edificio por razones estéticas. Si no existiera esta obligación, el cálculo individual compararía el coste del cambio con el beneficio de mejorar la estética de un solo edificio. Por el contrario, si se cumple la ordenanza, el coste individual es el correspondiente a un solo edificio pero, en el beneficio, cada individuo computará el beneficio de una mejora estética en toda la ciudad. No es restrictivo suponer que el cálculo individual proporciona un resultado negativo, aunque el social sea de hecho muy positivo, y que, en consecuencia, aunque nadie haría el cambio si no fuera obligatorio, una vez hecho todos los individuos evaluarían positivamente la operación.
El conjunto de normas culturales no escritas que se tienen que cumplir para evitar ser objeto de fuertes sanciones de tipo social, como no escupir, aprender a leer o respetar a los ancianos, serían ejemplos de regulación de las externalidades mediante una regulación social, no de tipo administrativo sino cultural.
Este tipo de solución es aconsejable cuando los costes o los beneficios externos de una actividad determinada son tan fuertes que la prohibición o la obligación de hacer esta actividad constituye una buena aproximación a lo óptimo. La escolarización obligatoria y la prohibición de usar productos particularmente nocivos para la salud serían ejemplos típicos de aplicación correcta de este instrumento.
Cuando no se trata de corregir casos extremos como los mencionados, la regulación administrativa se puede aplicar cuando el coste de gestión de otros instrumentos es especialmente alto. En particular, cuando no se dispone de la información necesaria para aplicar soluciones de otro tipo.
2.1.2.Es posible incumplir la norma
Examinemos ahora el caso en el que si se incumple la norma establecida, se debe pagar una multa de importe finito con una probabilidad determinada. Con este planteamiento, se cumplirá o no la norma dependiendo del resultado de un cálculo racional individual. Es decir, según si la esperanza de coste –el importe de la multa multiplicado por la probabilidad de tenerla que pagar– supera o no el beneficio de incumplir la norma.
Es necesario tener en consideración que para que se deba pagar la multa, han de ocurrir tres cosas. En primer lugar, es necesario que el incumplimiento sea detectado, lo que ocurre con una probabilidad p1. En segundo lugar, es necesario formular una denuncia y, después de cumplir determinados trámites, imponer efectivamente la sanción, lo que se da con una probabilidad p2. Finalmente, y con una probabilidad p3, la multa impuesta se paga. Si los tres sucesos son independientes, la probabilidad p de que un incumplimiento de la norma implique el pago de la multa es de p’ = p1 · p2 · p3. Por ejemplo, si la probabilidad de cada uno de los tres sucesos es del 50%, la probabilidad de sanción efectiva es del 12,5%, con lo que una multa de 100 € se convierte en un coste esperado de únicamente 12,5 €.
Por lo tanto, es evidente que si se quiere aumentar el grado de cumplimiento de una norma, hay dos vías: aumentar la probabilidad de sanción efectiva o incrementar el importe de la multa dando por supuesto que, en todo caso, la posibilidad de sanción efectiva no se perciba como prácticamente imposible –la probabilidad es significativamente no nula-. Hay variantes interesantes, como la existencia de probabilidades diferentes para varios grupos: si el riesgo de incumplimiento es mayor, se aumenta la vigilancia de este grupo.

2.2.Establecimiento de límites globales

En lugar de poner límites a cada productor, se puede establecer un máximo de contaminación para un ámbito de acción determinado, que típicamente se concretaría en una porción de territorio. Si se rebasa el límite de lo que está permitido, se restringen determinadas actividades, por ejemplo la circulación de automóviles o la producción en una factoría determinada.
Estos límites no se deben establecer tomando como base la cantidad de contaminación que permanece en el ámbito controlado, sino dependiendo del total emitido. De otro modo se ignoraría la contaminación que se transfiere a otras zonas, gracias al régimen de vientos, por ejemplo. El resultado que se obtiene cuando hay unas zonas protegidas y otras no es diferente a cuando todas las zonas están sometidas a las mismas limitaciones o cuando estas son de diferente rigor en función de la zona.
La principal aplicación de las limitaciones sobre la contaminación total en una zona sería la protección de espacios particularmente valiosos o muy sensibles a un tipo de vertido determinado. El establecimiento de estos límites provoca la reubicación de actividades económicas, lo que implica un cierto riesgo de aumento de la ineficiencia del mercado. La combinación de este instrumento con el ya mencionado de negociación de DDC permite moderar los efectos previsibles de freno al desarrollo económico.

2.3.Comisión reguladora

Este instrumento, pensado para corregir los resultados de un monopolio natural y preservar los comportamientos competitivos del mercado, se puede aplicar también como una variante de la solución mediante el establecimiento de normas. Su característica principal es la adopción de normas específicas para cada caso concreto, en lugar de una normativa de aplicación general. El procedimiento lo resumimos a continuación.
Se nombra una comisión reguladora (CR) con el fin de lograr unos objetivos generales predeterminados. En el supuesto que estamos estudiando, estos objetivos podrían consistir en la preservación de un espacio natural. En este caso, el trabajo de la CR se centraría en regular los tipos de uso que se permiten en este espacio, y también la intensidad de las actividades permitidas y las técnicas usadas, mediante el dictado de una normativa ajustada a cada uno de los casos que se han presentado. La aparición de un caso no previsto genera automáticamente normas nuevas para este caso nuevo concreto. La propia CR vigila el cumplimiento de las normas dictadas y dispone también de facultades sancionadoras.
La principal ventaja de este instrumento, su gran capacidad de adaptación y flexibilidad, constituye también su mayor servidumbre. Si bien la regulación se justifica mediante argumentos económicos, es posible que, en la práctica, prevalezcan las razones políticas y disminuyan las mejoras en eficiencia que se pueden conseguir con la regulación.
La regulación, en cualquiera de sus variantes, representa también una pérdida de riqueza para los contaminadores. En consecuencia, si se quiere que la propuesta de regulación no encuentre resistencias excesivas, o bien se compensa a los perdedores o bien será necesario empezar con normas moderadas.

2.4.La regulación cultural o social

La regulación cultural, a diferencia de las soluciones anteriores, permite solucionar solo algunos tipos de externalidades, las que de alguna manera dependen de agentes individuales, los consumidores, típicamente. La reasignación de DDP se hace a favor de la sociedad en su conjunto, y aunque esta redistribución es más bien abstracta, resulta efectiva. Se concreta en sanciones sociales para aquellos que incumplen unas normas sociales (no respetan los DDP) y, en general, se transmiten oralmente. Los ciudadanos cumplen estas normas, aunque esto vaya en contra de sus preferencias, para no incurrir en la desaprobación social y, en algunos casos, sirve para disciplinar las acciones gubernamentales, sobre todo en los países con un sistema democrático maduro.
La ventaja principal de este tipo de solución es su coste relativamente bajo y su estabilidad en el tiempo. Eventualmente, puede ser efectiva para reprimir y regular determinados comportamientos no queridos de las empresas, tanto más cuanto más dependan los beneficios empresariales de la imagen que transmiten a los consumidores. Para otros tipos de empresas, la regulación cultural es ineficaz: tal vez solo cambien la estrategia publicitaria y su plan de imagen.
Esta solución es apropiada para resolver el problema del libre acceso. Cuando hay libre acceso a un recurso, no se paga por el acceso y cualquiera lo puede usar como le plazca: se trata un bien escaso como si fuera un bien libre. El libre acceso es una fuente de externalidades importante que se traducen en ineficiencia asignativa: si un recurso es de un solo propietario, este puede decidir entre usar una cantidad determinada hoy y guardar el resto para el futuro. Por el contrario, si es un recurso de libre acceso, la cantidad que no utiliza un agente no sabe si la podrá utilizar mañana o ya la habrá tomado otro, que es lo más probable. En estas condiciones, no es lógico esperar que un individuo ahorre (renuncie a la extracción de parte del recurso hoy para disponer de ella mañana); por lo tanto, el comportamiento es equivalente al propio de un recurso perecedero o supone una tasa de descuento intertemporal con un valor infinito. La consecuencia es clara: el ritmo de uso será superior –ineficiente por exceso– al caso de un único propietario.
Esta manera peculiar de “gestionar” un recurso, que parte de la falsa premisa de que “lo que es de todo el mundo no es de nadie”, es ineficiente en extremo porque trata un recurso escaso y valioso como si el uso de este recurso no implicara incurrir en ningún coste de oportunidad. Este comportamiento por parte de quien accede al recurso provoca una externalidad negativa hacia todos los que quieran acceder a él con posterioridad. Supongamos, por ejemplo, el caso de la pesca en aguas internacionales. El esfuerzo de captura se calcula según el coste marginal (C’) y el beneficio que se obtendrá de media (B); esta regla supone ineficiencia asignativa porque se debería tener en cuenta el beneficio marginal (B’), no el medio, como se muestra en la figura 5.
Figura 5. Libre acceso
Figura 5. Libre acceso
En particular, y como caso especialmente grave, hay que destacar que todas las generaciones presentes siguen la regla ineficiente del libre acceso en la medida en que disfrutan de todos los derechos de propiedad sobre los recursos. En consecuencia, las generaciones presentes provocan una externalidad negativa sobre todas las siguientes. El problema es más grave cuando se plantea en un contexto internacional –explotación de bancos pesqueros en aguas internacionales–, no tanto por la dificultad de conseguir acuerdos estables como, sobre todo, por la inexistencia de una autoridad supranacional con bastante poder sancionador para garantizar el cumplimiento de convenios eventuales sobre reglas de actuación.
Se puede presentar el mismo problema del libre acceso pero en un marco más reducido cuando el ámbito de un recurso no coincide con los derechos de propiedad de un solo agente sobre este recurso (una cuenca fluvial) y no hay un sistema regulador de actuación. En esta situación, se trata de recursos de propiedad común incontrolados (unmanaged commons) y se usan como si no fueran de nadie (res nullia). Por ejemplo, hay varias parcelas de terreno y cada una pertenece a un propietario diferente; todos los propietarios tienen acceso al petróleo de una misma bolsa y toman sus decisiones de manera individual, con lo que el ámbito de gestión de un agente –cada propietario– es demasiado pequeño. Debido a la interacción de las acciones y omisiones de los diferentes agentes que toman sus decisiones atendiendo exclusivamente a su interés individual, se producen graves problemas técnicos y asignativos.
En rigor, el problema no es de propiedad, sino de gestión. La razón radica en el hecho de que no importa la cantidad de propietarios ni cómo esté definida esta propiedad si, por la razón que sea, como sucede en las sociedades por acciones, delegan las decisiones de gestión a un único agente o siguen unas reglas de gestión consensuadas previamente. De este modo, se obtienen recursos de propiedad común gestionados de mutuo acuerdo (managed common-propertry) para los que se reconoce que pertenecen a la comunidad (res communes). En este caso, dado que los distintos agentes interesados en explotar un recurso se ponen de acuerdo sobre una regla de gestión (1) y un sistema de control y sanción que garantice el cumplimiento de los acuerdos, se trata de un recurso de propiedad común en el sentido de Aguilera, de una solución civilizada al grave problema del libre acceso. La gestión de los bosques comunales, que pertenecen a todos los vecinos de un municipio, la organización típica de las viejas comunidades de regadíos o el conjunto de normas culturales que inducen a un comportamiento respetuoso con el entorno en las mal denominadas sociedades primitivas –ved Harris– son buenos ejemplos de cómo se resuelven de manera civilizada los problemas de este tipo.

3.El problema de la localización

3.1.Ubicación de bienes y males colectivos

La situación en el espacio de algunas actividades económicas puede ser origen de conflictos importantes. La existencia de plantas de transformación de residuos constituye un bien colectivo para el conjunto de los ciudadanos y un mal colectivo –local– para los residentes en la zona. La protección de un paisaje determinado es un bien colectivo para todos los individuos, pero puede proporcionar más bienestar relativo a los residentes. En resumen, algunas inversiones serán queridas en todas las zonas, mientras que escasearán candidatos para albergar otras.
Si solamente se persiguiera la eficiencia asignativa, se podría elaborar un análisis coste-beneficio. El problema radica en el hecho de que la base de este análisis está constituida por los denominados criterios de compensación: se examina si el conjunto de ganadores gana más con el proyecto que la suma de perdedores (Casahuga). En consecuencia, las zonas más pobladas tienen siempre ventaja para albergar bienes colectivos, mientras que se tendería a situar los males colectivos en las zonas menos pobladas. Siguiendo este criterio, un espacio natural de gran valor puede recibir menos inversiones que otro de poco valor, si este último está cerca de un núcleo de población más importante. Es necesario, pues, complementar el análisis coste-beneficio con otros criterios, sobre todo si se quiere encontrar una solución por consenso (Pasqual).
La primera dificultad del problema de la localización centralizada de bienes y males colectivos radica en los incentivos que tienen los ciudadanos para no revelar correctamente sus preferencias –el denominado problema del polizón-. Hay que recurrir a métodos de revelación de preferencias como el impuesto Clarke (Tideman y Tullock), apropiado para bienes colectivos, y un mecanismo de subasta entre municipios (Kunreuter y Kleindorfer) para la ubicación consensuada de males colectivos mediante mecanismos económicos. Un caso de ubicación descentralizada lo examinamos en el apartado siguiente.

3.2.La localización como emparejamiento (matching)

El problema del emparejamiento estable surgió a partir de la necesidad de conocer la mejor manera de formar equipos: se trataba de asignar óptimamente médicos a hospitales, becarios a universidades o trabajadores a empresas. Conociendo el orden de preferencias de cada médico sobre cada uno de los hospitales y el de cada hospital sobre cada uno de los médicos, es posible determinar el emparejamiento óptimo para los médicos y el óptimo para los hospitales. No se busca una solución óptima global, sino que únicamente hay que encontrar dos soluciones contrapuestas, la mejor para un grupo o la mejor para el grupo opuesto.
A continuación exponemos de manera sucinta el algoritmo básico para encontrar los emparejamientos óptimos para un grupo o el otro.
Para encontrar el emparejamiento óptimo para un grupo, se empieza otorgando la iniciativa a los miembros de este grupo, el activo, y queda para los del otro grupo un papel pasivo. Cada miembro activo elige su pareja preferida de entre los componentes del grupo pasivo; este es el primer emparejamiento tentativo. Los miembros del grupo pasivo que hayan recibido más de una propuesta elegirán la alternativa que prefieran. En este caso, algún miembro del grupo activo se queda sin pareja, por lo que vuelve a elegir pareja de entre todos los miembros del grupo pasivo, excepto quienes ya lo han rechazado. Se procede de este modo hasta que cada uno de los miembros del grupo activo o bien ha encontrado pareja o bien ha sido rechazado por todos los miembros del grupo pasivo.
Una aplicación inédita consiste en el uso de estos algoritmos de emparejamiento para plantear problemas de ubicación. Considerad, por ejemplo, un caso simple, el de dos municipios, A y B, y dos empresas para situar, X e Y. El municipio A, si debe albergar una de las dos empresas, eligiría la X, mientras que el municipio B prefiere la empresa Y. Por otro lado, la empresa X prefiere la localidad B a la A para establecerse y la Y prefiere el municipio A al B. Se puede suponer que todos prefieren la peor pareja a ninguna (0). En resumen:
A :  X  >  Y  >   0                           X :  B       >  A  >   0 B :  Y  > X   > 0                             Y :  A       >  B  >   0 (1)
En este caso hay dos resultados contrapuestos, el emparejamiento I :   { AX ,  BY } , favorable a los intereses de los municipios, y el II :   { AY ,  BX } , que es el preferido por las empresas. Fijaos en que los dos emparejamientos son estables: nadie puede encontrar una pareja mejor y que esté dispuesta al cambio. A pesar de que en el emparejamiento I las empresas querrían otra localización, ningún municipio estaría dispuesto al cambio porque prefieren la empresa con la que ya están emparejados. Con el emparejamiento II ocurre lo mismo, es estable porque ninguna empresa tiene incentivos para cambiar de emplazamiento.
Para ilustrar el caso presentado, se puede pensar en el municipio A como una ciudad grande con niveles altos de polución y congestión y, en consecuencia, prefiere a la empresa X, que es un taller de teatro, frente a la Y, que quiere instalar una planta de productos químicos. El municipio B es una ciudad pequeña que cuenta con mayor calidad ambiental y pocos puestos de trabajo y por eso prefiere Y a X. Por su parte, X, el taller de teatro, valora más la paz de la ciudad pequeña (B) que las ventajas de la metrópoli (A). Por el contrario, la empresa de productos químicos necesita mano de obra cualificada y multitud de servicios especializados, y por eso prefiere A a B.
La obtención de un resultado o del otro –el emparejamiento I o II– dependerá de quién tenga el derecho de tomar la iniciativa, que es una forma de DDP. Si son los municipios, se obtendrá el emparejamiento I, y si lo tienen las empresas, el II. Naturalmente, se pueden modificar las decisiones de municipios y empresas mediante compensaciones, monetarias o no. Esta manera de proceder estaría indicada en el caso de una sociedad organizada en varios niveles estatales. El estado central podría modificar así los incentivos que pueda tener el municipio para obviar los costes y beneficios derivados de su decisión pero que ocurran fuera de sus límites de actuación.

4.Las economías de duración

Una de las variables de decisión de las que se dispone en una economía, y que tiene una importancia decisiva en el medio ambiente, es la duración de los bienes que hay que producir. La duración óptima de un producto dependerá de la manera como aumente el beneficio neto al aumentar la duración del producto. Será adecuado producir un producto más duradero si existe lo que aquí se denomina economías de duración.
Hay economías de duración en un producto determinado solo si el aumento en la duración del producto supone un incremento del valor actual del coste que es menor que proporcional respecto al aumento del valor actual del beneficio que proporciona.
Figura 6. Duración óptima de un producto
El beneficio privado aparece como mayor que el social porque no incorpora los costes provocados por los desechos. Por regla general, la duración socialmente óptima, dº, es superior a la elegida desde una perspectiva privada, d*.
El beneficio privado aparece como mayor que el social porque no incorpora los costes provocados por los desechos. Por regla general, la duración socialmente óptima, dº, es superior a la elegida desde una perspectiva privada, d*.
Puede ocurrir que en un bien determinado haya economías de duración pero que estas no sean percibidas por los consumidores, por ejemplo porque dependen de efectos externos. En consecuencia, se tenderá a no aprovechar estas economías de duración. Costes externos ligados a la duración de los productos son todos los correspondientes a los residuos producidos y al reciclaje del bien una vez rechazado.
Figura 7
La valoración marginal privada (VMP) no incluye el coste (E) que provocan los productos de rechazo, por lo que los consumidores sobrevaloran el bien: dada una cantidad fija x*, el precio de mercado es de p*. Si se  incorporan todos los costes, como debe ser, la valoración marginal social (VMS) disminuye por valor del coste externo (E), VMS = VMP – E, y el precio correcto es pº, con pº < p*.
La valoración marginal privada (VMP) no incluye el coste (E) que provocan los productos de rechazo, por lo que los consumidores sobrevaloran el bien: dada una cantidad fija x*, el precio de mercado es de p*. Si se incorporan todos los costes, como debe ser, la valoración marginal social (VMS) disminuye por valor del coste externo (E), VMS = VMP – E, y el precio correcto es , con < p*.
Como introducción a este concepto nuevo, al problema que supone y al tipo de soluciones que resultan adecuadas, presentamos a continuación un caso simplificado.
Considerad dos bienes de consumo, d y D, que son idénticos con la única excepción de su duración. El bien d dura un solo periodo y vale p, mientras que el bien D dura dos periodos y vale el doble, 2p. El consumidor debe elegir entre d y D; dado que ambos proporcionan la misma utilidad, por hipótesis eligirá el que, en valor actual, resulte menos costoso, como se resume a continuación.

Previsión de pagos del consumidor

Periodo 0

Periodo 1

Bien d

p

p

Bien D

2p

0

Previsión de pagos del consumidor

Periodo 0

Periodo 1

Bien d

p + t

p + t

Bien D

2p + t

0

El consumidor elegirá d porque paga menos en términos de valor actual (VA) siempre que, como es habitual, el coste del dinero (r) sea positivo:
VA ( d )   =  p [ +  1 / ( I + r ) ]   <  VA ( D )   =  2p (2)
Fijaos en que el resultado de la elección racional del consumidor implica producir, en este caso, exactamente el doble de residuos. Las economías de duración se definen tomando en consideración todos los costes, incluidos los externos, por ejemplo, los correspondientes al tratamiento de los residuos. Supongamos que, en este caso, hay economías de duración pero que no son internalizadas por el consumidor, por ejemplo porque los costes de reciclaje no se reflejan en los precios d y D.
En esta situación, es socialmente preferible producir y consumir el bien más duradero D. En consecuencia, se trata de modificar los precios relativos de d y D de manera que el consumidor prefiera –encuentre menos costoso– el bien más duradero D. Una manera de conseguir este objetivo es mediante un impuesto por unidad de consumo (t) por el valor de tratamiento de los desechos. El nuevo cuadro de pagos para el consumidor se expresa a continuación.
Si el impuesto t está correctamente calculado, t = CME, el consumidor preferirá ahora D frente a d porque:
VA ( d )   =   ( p + t )   +   ( p + t ) / ( I + r )   >  VA ( D )   =  2p  +  t (3)
En todo caso, se modificaría la decisión a favor de D, el bien más duradero, siempre que t > rp.
Por regla general, la diferencia entre la duración óptima desde la perspectiva social o privada es muy alta. Por mencionar solo un caso, en Livermore (Estados Unidos) hay una bombilla que se encendió por primera vez en 1901 y, exceptuando algunos cortes de fluido eléctrico y un traslado, todavía funciona.
Paradójicamente, si bien siempre es posible encontrar un impuesto por unidad adecuado, es inmediato demostrar que no hay ningún impuesto ad valorem del mismo tipo impositivo para ambos bienes, capaz de modificar la decisión del consumidor. Incluso no resultaría eficaz un impuesto sobre el valor añadido.
En determinados casos, el beneficio de las empresas puede aumentar reduciendo la duración de los productos, incluso cuando para conseguir esta duración inferior sea necesario aumentar el coste de producción. Las decisiones de este tipo, que son el resultado de estrategias de obsolescencia programada, también podrían ser modificadas con un impuesto por unidad adecuado. En todo caso, la introducción de un impuesto por unidad en los productos incentivaría el aumento de su duración y, en consecuencia, se reducirían los residuos.
Figura 8
Figura 8
Nota
El productor elige la que considera la mejor tecnología (la de menos coste). Dado que no tiene en consideración el coste externo E, la alternativa es o bien d = 1, que le representa un coste de cH, o bien d = 2, con un coste de C. Ya que en este caso, C > cH producirá el bien con una duración de d = 1 y, considerada la demanda, la cantidad de bienes en servicio es de n*.
Si se tienen en cuenta todos los costes, es preferible fabricar el bien más duradero, d = 2, porque el coste asociado (C + E) es inferior a (c + E)H, lo que representa producir con d = 1. El resultado es una cantidad de bienes en servicio muy inferior, nº.
Regulando la duración a d = 2 mediante una norma, se consigue un resultado intermedio, dado que nº < n < n*.
Figura 9
Figura 9
Nota
Hay dos mercados, el de bienes duraderos (d = 2) y el de bienes no duraderos (d = 1), y este último es el más valorado por los consumidores (D1 > D2). Por simplicidad, se ha dibujado el coste total privado (PC) como si fuera independiente de la duración: PC(1) = C = PC(2) = cH. Dado el coste de mantener en servicio una unidad de producto, un consumidor potencial comprará una unidad en uno de los dos mercados, una en cada mercado o ninguna.
La solución privada proporciona n*1 y n*2 unidades en servicio, mientras que en la solución socialmente óptima estas cantidades son inferiores en ambos mercados (nº1 y nº2), como respuesta a la internalización de los costes externos, E, que se incorporan al coste que soporta el consumidor para mantener una unidad en servicio.
Aunque al internalizar la externalidad se reduce la cantidad total de productos de residuo Z = (2n1 + n2), dependiendo de la elasticidad de D1 respecto a D2, es posible que la cantidad de residuos por usuario, h = (2n1 + n2)/(n1 + n2), aumente, y que la duración media de los productos, N = (2n1 + 2n2)/(2n1 + n2), disminuya: n*1/n*2 > nº1/nº2 ⇔ h* > hº y N* < Nº.
Aunque el impuesto sobre el valor añadido no es el instrumento más adecuado, se podrían conseguir mejoras con tipos sobre el valor añadido fuertemente incrementados para unos productos determinados, como los denominados rechazables; también podría resultar apropiado discriminar favorablemente los mercados de segunda mano.
Un problema parecido al de los bienes duraderos, aunque más complejo, se plantea cuando uno de los bienes es hiperduradero. En este caso, utilizando el cálculo convencional para el valor actual, con una sola tasa de descuento se está negando cualquier valor a los costes y beneficios que se producen a partir de una generación. Este problema lo abordamos en la sección siguiente.

5.El papel de las generaciones futuras

Existen varios mecanismos que permiten a una generación obtener recursos de las generaciones venideras. El sistema de pensiones, determinados acuerdos entre estados y la emisión de deuda perpetua o a muy largo plazo serían ejemplos típicos de transferencias forzadas de gran cantidad de recursos en beneficio de las generaciones presentes por parte de las generaciones futuras. Por el contrario, no hay ninguna manera de que una generación pueda influir sobre el legado económico que han cedido las generaciones pasadas, únicamente puede presionar para modificar la herencia que dejarán las generaciones con las que convive.
Por otro lado, hay multitud de sistemas para transmitir la voluntad de una generación a las siguientes. El sistema de herencias, el conjunto de leyes y costumbres, museos, fundaciones privadas y públicas con finalidades específicas, entre otros, constituyen un entramado institucional que permite transmitir las decisiones de una generación determinada a las siguientes. Algunas de estas decisiones serán respetadas porque esta será precisamente la misión específica de instituciones con personalidad propia, que tendrán el apoyo jurídico y financiero necesario. En la peor de las situaciones, una generación anterior conseguirá dejar bien establecidas cuáles son sus preferencias sobre temas concretos. Con esto no es necesario, pero sí posible, que unas generaciones tengan en consideración las preferencias de sus antepasados para tomar decisiones determinadas.
Tampoco en este caso hay simetría, pues no es posible obtener información directa sobre las preferencias concretas de las generaciones futuras. El único recurso disponible consistiría en extrapolar las preferencias de la generación actual. No es difícil criticar este método; las preferencias son contingentes a los recursos existentes, las posibilidades tecnológicas y la cultura imperante, y todo ello es imposible predecirlo con un mínimo de fiabilidad en un plazo de más de una o dos generaciones.
Con todo, no resulta aventurado extrapolar a las generaciones venideras los axiomas actuales para el comportamiento del consumidor, como la aversión al riesgo, la utilidad creciente del consumo o la utilidad marginal decreciente. Con esta base, cada generación puede planificar su legado neto a sus descendientes. La utilización del concepto de desarrollo sostenible, entendido como “la necesidad de asegurar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer las propias”, como un criterio básico que hay que tener en consideración para la aprobación de un proyecto, constituye un serio avance, a pesar de la ambigüedad de la definición.
En la práctica, se plantean varios problemas. Por un lado, los métodos de selección de proyectos tienen en cuenta las preferencias entre consumo hoy frente a consumo mañana. Estas preferencias se expresan mediante un factor de descuento 1 / ( 1 + r ) t , que otorga un peso a cada impacto que disminuye de manera exponencial respecto al tiempo t. Así, al incorporar un factor de descuento para costes y beneficios futuros, se está valorando del mismo modo dos proyectos, aunque uno tenga una duración de 50 años y el otro continúe vigente durante un tiempo ilimitado. Es decir, se da el mismo valor a dos bienes que son iguales pero que, mientras que uno es duradero, el otro es hiperduradero. Propuestas como utilizar tasas de descuento r más bajas para determinados tipos de proyectos –algunos autores propugnan tasas nulas– no se deberían aplicar porque, dado que son respuestas ad hoc, disminuyen la coherencia del análisis y distorsionan la información de la que se dispone. Se trata de ampliar el análisis, no de reducirlo, para que sea aplicable a problemas nuevos sin pérdida de eficacia en el tratamiento de los viejos problemas.
Al utilizar una sola tasa de descuento, se tienen en consideración las preferencias de la generación presente sobre consumo hoy frente a consumo mañana, y se obvian las preferencias de estas mismas personas sobre el bienestar de sus descendientes. Las preferencias entre consumo propio y consumo de los hijos se reflejan en el importe de las herencias, tanto en bienes privados como en bienes colectivos, y se pueden expresar por medio de una tasa de descuento intergeneracional, R.
La selección de proyectos cuyos efectos se extienden durante generaciones –todos los relacionados con el medio ambiente– se lleva a cabo de la manera más adecuada, utilizando lo que aquí se ha propuesto denominar tasa de descuento intergeneracional (R), además de la conocida tasa de descuento intertemporal (r). De este modo, se agregarían costes y beneficios dentro de cada generación, intermediando la tasa r, y también, con la tasa R, entre diferentes generaciones.
Consideremos un proyecto que proporciona un beneficio o un coste constante k a partir del periodo inicial 0 durante un tiempo ilimitado. El cálculo convencional proporcionaría una valoración total de k - ( I + r ) / r . Si se considerara r = 0, la valoración tendería a infinito y sería indistinguible de otro impacto con una valoración por periodo muy diferente, con lo que se perdería información relevante. Lo correcto sería considerar el impacto no solo sobre la generación actual 0, sino también sobre las siguientes: la valoración total es ahora igual a k - ( I + r ) · ( 1 + R ) / ( r · R ) , que es finita y, en cualquier caso, resulta superior a la correspondiente a una sola generación porque se multiplica por ( I + R ) / R , que es mayor que la unidad.
El problema de fondo existe debido a una mala definición constitucional de los DDP entre generaciones, los DDPI. El derecho de uso de un recurso en las sociedades avanzadas incluye, al parecer, el derecho de destrucción. Tanto es así que los indicadores de la evolución de una economía se centran en las variaciones que se producen en rentas y otros flujos, y se descuida de manera sistemática la información sobre las modificaciones en la riqueza y, en particular, la riqueza en recursos naturales y medio ambiente.
Si una nación malvendiera toda su riqueza forestal y el agua de todos sus acuíferos, no es seguro que este desastre económico fuera detectado por los indicadores económicos en uso. Hay que revisar las bases de las contabilidades públicas, desde la municipal a la nacional, de manera que se puedan agregar y dar lugar a una contabilidad mundial que refleje con fiabilidad la situación y evolución económica.
Hay que redefinir los DDP sobre los bienes que la sociedad decide preservar para las generaciones futuras, basándose en la especificación institucional de los DDPI. Un primer paso en esta dirección podría consistir en la definición de los derechos de las generaciones futuras en la constitución, y concretar los bienes que no pueden ser objeto de un uso destructivo. Deberían ser objeto de protección especial los bienes que tienen un valor mayor, en general los que tengan en mayor grado las características de colectivo y duradero. Estos bienes se podrían declarar inalienables –quedar excluidos de determinadas acciones de mercado– para evitar acuerdos al margen de los intereses de una gran parte de los afectados: las generaciones futuras.
En un sistema democrático, no disponer de un representante político significa, en general, quedar al margen de las decisiones que toman los poderes públicos. Por lo tanto, es necesario articular un sistema de representación de los intereses de las generaciones futuras, creando instituciones ad hoc, con personalidad jurídica propia y con un sistema que permita la autonomía financiera. En todo caso, se debería disponer de una institución, o de un conjunto, con más poder efectivo que el que se podría denominar como el defensor de las generaciones futuras.
Siguiendo este razonamiento, habría que crear un banco de recursos naturales en cada nación interesada, que se coordinarían mediante un banco mundial de recursos naturales. La función básica de estos bancos sería la adquisición de los derechos de uso y propiedad de recursos naturales para propiciar una gestión preservadora de la riqueza natural. Una función adicional consistiría en fijar criterios de cuantificación y valoración para las contabilidades nacionales, y la agregación de los resultados, con el fin de disponer de la información necesaria para el seguimiento de los programas económicos. Huelga añadir que el Banco Mundial de Recursos Naturales tendría un papel crucial en los países en desarrollo.
Hay varias formas de financiación de los bancos de recursos naturales. La emisión de deuda pública perpetua, con varios años de carencia, sería el instrumento de financiación más típico. Por otro lado, habría que crear un impuesto sobre el uso destructivo de recursos –pesqueros y forestales, por ejemplo–, y en particular sobre la contaminación ambiental. La participación en lo que recaudara el impuesto por unidad sería una fuente de financiación alternativa a la basada en el valor añadido, por sus mejores propiedades asignativas.
El Banco Mundial de Recursos Naturales se podría financiar mediante aportaciones de los bancos de recursos naturales, con los ingresos por la gestión de recursos globales como, por ejemplo, los recursos pesqueros en aguas internacionales, por funciones de mediación y arbitraje y por los trabajos de contabilidad.
La obtención de conclusiones de carácter metodológico queda muy alejada de las pretensiones y del alcance de este trabajo. Con todo, las reflexiones efectuadas no avalan la hipótesis de irrelevancia del método económico como sistema que permite un conocimiento mejor de la realidad y proponer caminos de solución, sino más bien lo contrario. Hay imprevistos y lagunas de carácter teórico importantes, pero la abundancia y calidad de las contribuciones científicas que se van llevando a cabo ofrecen un cierto margen al optimismo. También hay que decir que buena parte de las contradicciones que surgen en la práctica del método económico no se deben tanto a insuficiencias y errores teóricos como a errores de interpretación y aplicación. Por otro lado, es necesario destacar la necesidad de recurrir al diseño de nuevas instituciones para abordar problemas que, como el de la adecuada consideración de las externalidades que recaen en las generaciones futuras, no se internalicen mediante las soluciones económicas clásicas.
En resumen, todo sugiere que no existe una solución de aplicación general. Hay un conjunto de instrumentos con varias propiedades, sin que se pueda establecer una relación de dominio entre ellos: para cada problema específico, y según las características económicas y sociales relevantes, una solución determinada será más adecuada que otra.

6.Caracterización de los diferentes bienes económicos. Programas de maximización, condiciones de optimidad, ejemplos numéricos y análisis gráfico

6.1.Bienes privados puros

El bien x es privado puro y el bien y es privado puro.

máx. W = ∑Uy(xi, yi)

w – z – ∑xi ≥ 0      ρx

Y – ∑yi ≥ 0           ρy

f(z) – Y ≥ 0          Ф

Condiciones de optimidad

Uiyi/Uixi = ρyx = 1/fz

6.1.1.Ejemplo del caso continuo
Supongamos que XA(p) y XB(p) son las demandas directas de los consumidores A y B:
X A ( p )   =  1 0    p / 2 (4)
X B ( p )   =  3 0    p / 2 (5)
Para formar la demanda agregada se añaden cantidades, es decir, las demandas directas X j ( p ) ,  j  =  A ,  B . Si el precio p es p 6 0 , la demanda agregada X ( p ) es nula porque lo es tanto la de A como la de B, es decir, X ( p )   =  X A ( p )   =  X B ( p )   =   0 . Si p 2 0 6 0 , entonces X A ( p )   =   0 y la demanda agregada coincide con la de B, X ( p )   =  X B ( p )   =  3 0    p / 2 , entonces operan las dos demandas, y la demanda agregada en este tramo es X ( p )   =  X A ( p )   +  X B ( p )   =  4 0    p . En resumen:
X(p)   = { 0 si p 60 30 – p/2 si 20 p 60 40 – p si 0 p 20 (6)
Supongamos que C' = 10 es el coste marginal de producción. El precio competitivo es, pues, de p *   =  1 0 . Sustituyendo este precio p* en el intervalo o tramo apropiado de la demanda agregada, resulta que X ( p )   =  4 0    p , y se encuentra la cantidad producida, que es de Q *   =  4 0 . Al precio p* los consumidores consumirán X * A =  1 0    1 0 / =  5 y X * B =  3 0    1 0 / =  25 , con un total de X *   =  X * A +  X * B =  3 0 .
Bien privado puro
Bien privado puro
6.1.2.Ejemplo del caso discreto
El coste marginal de producción de naranjas, un bien privado puro, es C'. Hay dos consumidores i, i = A, B, con valoraciones marginales V ' i.

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

V'A

12

8

4

0

0

0

V'B

10

4

2

0

0

0

C'

5

5

5

5

5

5

V'

12

10

8

4

4

2

Solución. Producción Q *   =  3 , consumo individual X * A =  2 y X * B =  1 , consumo total X *   =  3 .
6.1.3.Conjunto y frontera de posibilidades de consumo
Hay dos individuos A y B. Se dispone de la cantidad w de un solo recurso. El consumo total es X y el individual XA y XB.
Conjunto de posibilidades de consumo de w entre A y B
Conjunto de posibilidades de consumo de w entre A y B
Frontera de posibilidades de consumo de w entre A y B
Frontera de posibilidades de consumo de w entre A y B

6.2.Bienes colectivos puros

El bien x es privado puro y el bien y es colectivo puro.

máx. W = ∑Ui(xi, y)

w – z – ∑xi ≥ 0     ρx

Y – y ≥ 0            ρy

f(z) – Y ≥ 0          Ф

Condiciones de optimidad

Uiy/Uixi = ρyx= 1/fz

6.2.1.Ejemplo del caso continuo
Supongamos que XA(p) y XB(p) son las demandas directas de los consumidores A y B:
X A ( p )   =  1 0    p / 2 X B ( p )   =  3 0    p / 2 (7)
Para formar la demanda agregada se agregan valoraciones marginales, es decir, las demandas inversas P j ( x ), j = A, B . A partir de X j ( p ) se forman las demandas inversas P j ( x ) :
P A ( x )   =  2 0    2x   P B ( x )   =  6 0    2x (8)
Para las primeras diez unidades, 0 x 1 0 , tanto A como B valoran el bien, la demanda agregada en este tramo es, pues, de P ( x )   =  P A ( x )   +  P B ( x )   =  8 0    4x . Superado el umbral de x = 10 unidades, la valoración de A es nula, por lo tanto opera únicamente la valoración de B y la demanda agregada es de P ( x )   =  P B ( x )   =  6 0    2x . Dado que para x = 30 la valoración de B es cero, P ( x )   =   0  si x 3 0 . En resumen:
P(x)  =   { 80     4 x si   0 x 10 60     2 x si   10 x 30 0   si x 30 (9)
Si C’   =  6 0 es el coste marginal de producción, el precio competitivo es p *   =  6 0 . Con este precio el ramo relevante de la demanda agregada es P ( x )   =  8 0    4x y con 6 0   =  P ( x ) se obtiene la cantidad producida Q *   =  5 . Dado que el bien es colectivo, el consumo individual será igual al total producido X * A =  X * B =  Q *   =  5 y el consumo total es de X *   =  1 0 ; para esta cantidad el máximo que A y B estarían dispuestos a pagar –casi equilibrio de Lindahl– es el resultado de sustituir X * j en P j ( x ) y se obtiene P * A =  1 0 y P * B =  5 0 , y se cumple P * j =  P * .
Bien colectivo puro con precios Lindahl.
Bien colectivo puro con precios Lindahl.
6.2.2.Ejemplo del caso discreto
El coste marginal de preservación de la capa de ozono, un bien colectivo puro, es C’. Hay dos consumidores i, i = A, B, con valoraciones marginales V ' i .

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

V’A

12

8

4

0

0

0

V’B

10

4

2

0

0

0

C’

5

5

5

5

5

5

V’

22

12

6

0

0

0

Solución. Producción Q *   =  3 , consumo individual X * A = =  X * B =  3 , consumo total X *   =  6 .
6.2.3.Conjunto y frontera de posibilidades de consumo
Hay dos individuos A y B. Se dispone de la cantidad w de un solo recurso. El consumo total es X y el individual XA y XB.
Conjunto de posibilidades de consumo de w entre A y B.
Conjunto de posibilidades de consumo de w entre A y B.
Frontera de posibilidades de consumo de w entre A y B.
Frontera de posibilidades de consumo de w entre A y B.

6.3.Bienes colectivos locales

Los bienes colectivos locales se tratan como colectivos puros dentro de cada localidad y como privados puros entre localidades. Teniendo en cuenta la cantidad de consumidores Nj en cada localidad o club j, j = 1, …, J, se agregan las valoraciones marginales Pi j ( x ) de cada localidad y se obtienen las demandas locales P j ( x ) ; agregando estas demandas en la forma X j ( p ) , se obtiene la demanda agregada X(p).
6.3.1.Ejemplo del caso continuo
Hay dos localidades j = 1, 2, y cada una tiene dos consumidores i, i = A, B, la función de demanda individual de un bien colectivo local x de los cuales es:
P Aj ( x )   =  1 0    x / 2         =  I ,  II   P Bj ( x )   =  3 0    3x / 2 ,     =  I ,  II (10)
Dado que en cada ciudad hay dos consumidores, la demanda agregada P j ( x ) para cada localidad será de P j ( x )   =  P ij ( x )   +  P ij ( x ) , ya que entre localidades x se comporta como bien colectivo y el resultado es P j ( x )   =  4 0    4x . Entre ciudades x se comporta como bien privado, por lo que hay que agregar cantidades; la inversa de P j ( x ) es X j ( p )   =  1 0    p / 4 y dado que hay dos ciudades, la demanda agregada es X ( p )   =  2 0    p / 2 . Supongamos que C’ = 16 es el coste marginal de producción del bien colectivo local x. El precio es p *   =  16 . En este precio hay equilibrio, dado que se ofrecerá un total de Q *   =  12 y cada una de las dos ciudades pedirá X j *   = 6 . Cada uno de los dos ciudadanos consumirá X ij *   =  6 y para esta cantidad estarán dispuestos a pagar un máximo de P Aj *   =  7 y P Bj *   =  21 .
Bien colectivo local. 2 localidades j = I, II, cada una con 2 consumidores idénticos i = A, B
Bien colectivo local. 2 localidades j = I, II, cada una con 2 consumidores idénticos i = A, B
6.3.2.Ejemplo del caso discreto
El coste marginal de producción de salas de cine, un bien colectivo local, es C’. Hay dos consumidores i, i = A, B, con valoraciones marginales V ' ij , en cada una de las tres localidades j, j = I; II; III.

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

7.ª

8.ª

9.ª

V’Aj

12

8

4

0

0

0

0

0

0

V’Bj

10

4

2

0

0

0

0

0

0

C’

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Vj

22

12

6

0

0

0

0

0

0

V’

22

22

22

12

12

12

6

6

6

Solución. Producción total Q *   =  9 , producción para cada ciudad Q * j =  3 , consumo individual X * Aj =   X * Bj =  3 , consumo total en cada ciudad X j *   =  6 , consumo total X *   =  18 .

6.4.Bienes subprivados

El bien x es privado puro y el bien y es subprivado.

máx. W = ∑Ui(xi, yi/K)

w – z – ∑xi ≥ 0     ρx

Y – ∑yi ≥ 0            ρy

f(z) – Y ≥ 0          Ф

Condiciones de optimidad

(Uiyi/Uixi)/K = ρyx = 1/fz

Bien subprivado
Bien subprivado
Ejemplo
El coste marginal de suministro de agua potable a domicilio, un bien subprivado es C’. Hay dos consumidores i, i = A, B, con valoraciones marginales V’i y K = 2,1.

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

V’A

12

8

4

0

0

0

V’B

10

4

2

0

0

0

C’

5

5

5

5

5

5

V’

12

10

8

4

4

2

KC’

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Solución. Producción Q *   =  1 · =  2 , 1 , consumo individual X * A = 1 ,   X * B =   0 , consumo total X *   =  1 .
6.4.1.Conjunto y frontera de posibilidades de consumo
Hay dos individuos A y B. Se dispone de la cantidad w de un solo recurso. El consumo total es X y el individual XA y XB.
Conjunto de posibilidades de consumo de w entre A y B
Conjunto de posibilidades de consumo de w entre A y B
Frontera de posibilidades de consumo de w entre A y B
Frontera de posibilidades de consumo de w entre A y B

6.5.Bienes privados puros suministrados colectivamente

El bien x es privado puro y el bien y es privado puro suministrado colectivamente.

máx. W = ∑Ui(xi, y)

w – z – ∑xi ≥ 0     ρx

Y – Ny ≥ 0           ρy

f(z) – Y ≥ 0           Ф

Condiciones de optimidad

∑(Uiy/Uixi)/N = ρyx = 1/fz

Bienes privados suministrados colectivamente
Bienes privados suministrados colectivamente
Bienes privados suministrados colectivamente
Bienes privados suministrados colectivamente
Ejemplo
El coste marginal de vacunar a toda la población, un bien privado suministrado colectivamente, es C’. Hay N = 2 consumidores i, i = A, B, con valoraciones marginales V’ ' i .

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

V’A

12

8

4

0

0

0

V’B

10

4

2

0

0

0

C’

5

5

5

5

5

5

V’

22

12

6

0

0

0

V’/N

11

6

3

0

0

0

Solución. Producción Q *   =  4 , consumo individual X * A = =  X * B =  2 , consumo total X *   =  4 .
6.5.1.Conjunto y frontera de posibilidades de consumo
Hay dos individuos A y B. Se dispone de la cantidad w de un solo recurso. El consumo total es X y el individual XA y XB.
Frontera de posibilidades de consumo entre A y B
Frontera de posibilidades de consumo entre A y B
Conjunto de posibilidades de consumo de w entre A y B
Conjunto de posibilidades de consumo de w entre A y B

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