Bases para un nuevo urbanismo. Hacia ciudades más inteligentes

Índice
- 1.Renovación del urbanismo y democratización de las ciudades
- 2.Ciudades sostenibles y más inteligentes
- 3.Participación social y acciones de colectivos ciudadanos
- 4.Smart cities y un urbanismo más inteligente
- 4.1.La smart city
- 5.Urbanismo emergente y tecnologías de la información y la comunicación
- 6.Temas urgentes para un nuevo planeamiento. Encuentro preparatorio de Habitat III en Barcelona
- Bibliografía
1.Renovación del urbanismo y democratización de las ciudades
«se hace retórica cuando en realidad las últimas décadas éste ha fracasado en sus objetivos ciudadanos, por sus tiempos lentos y su formalismo inoperante, por no adelantarse ni controlar las dinámicas del mercado y por asumir por medio de instrumentos propios que sirven a los intereses mercantiles (convenios, grandes proyectos mixtos, planes estratégicos, etc.)» (ídem).
«se usa perversamente la sostenibilidad, la calidad de vida, la protección del medio ambiente y la seguridad para producir conjuntos residenciales-gueto como los barrios cerrados. Se considera indiscutible el derecho de la propiedad (como el suelo) y la primacía del sector privado (como los bancos financiadores del urbanismo y de la vivienda) con lo cual el teórico derecho se convierte en mercancías no asequibles a una parte de la población. El uso de estos términos hacen del urbanismo un medio para acentuar las desigualdades sociales» (ídem).
«Hay que promover capacidades de reacción y respuesta a cuestiones básicas contrarias a la democracia urbana que es preciso y viable enfrentar pues son necesarias, comprensibles y escandalosas por mucho que se hayan naturalizado. Como son la renta especulativa del suelo que, mediante la fiscalidad y el planeamiento, puede prácticamente eliminarse; la apropiación por el sector público o social de una gran parte del sistema financiero; la creación de estructuras políticas territoriales que integren poblaciones distintas y apliquen programas redistributivos; y la gestión social o cívica de los servicios básicos y el desarrollo de la ciudad colaborativa».
«están vinculados a los gobiernos (nacionales y locales) y a los profesionales (urbanistas, arquitectos, juristas, etc.) sin los cuales no pueden realizar sus operaciones. En las últimas décadas la incidencia del capital financiero (global y local) se ha hecho presente y en muchos casos ha sido determinante. Lo cual se trata de un capital que tiene como objetivo obtener altos beneficio y a corto plazo. Lo cual tiende a actuar con criterios especulativos sobre el suelo o sobre la venta inmediata del producto inmobiliario. Este negocio requiere por lo tanto la desregulación del sistema financiero, la permisividad de las Administraciones públicas y la colaboración de potentes equipos profesionales» (ídem).
«Por una parte, los sectores populares y medios que actúan en defensa de su salario indirecto, o reproducción social, especialmente el acceso posible a una vivienda digna y los servicios y entornos adecuados. Por lo tanto, son contrarios a los beneficios especulativos y a los precios de venta o alquiler de las viviendas. Los gobiernos locales y estatales en teoría deberían establecer y aplicar normativas para hacerlo posible, y hay numerosas experiencias que más o menos lo han hecho, pero con frecuencia muchos otros –por incapacidad, incompetencia, presión social o corrupción– no lo han hecho. Finalmente, sectores intelectuales o profesionales críticos llevan años advirtiendo de la degradación social y ambiental de los territorios urbanizados y de la creciente exclusión de las ciudades de una parte de la ciudadanía, o de los que no han conseguido adquirir este estatus. El pensamiento crítico se ha desarrollado considerablemente a partir de la crisis que ha revelado las enormes contradicciones del mundo urbano y la creciente población que ha perdido o no ha poseído el conjunto de derechos ciudadanos. Pero hasta ahora no han surgido fuerzas políticas, sociales e intelectuales capaces de reorientar las dinámicas dominantes» (ídem).
«Los procesos urbanos vienen condicionados por los marcos de la economía y la sociedad de mercado, el marco jurídico que prioriza la propiedad privada, la colusión oligárquica entre las cúpulas económico-financieras y una gran parte de las elites políticas y de la alta administración, con el apoyo de los principales medios de comunicación y de publicidad. Las políticas urbanas democratizadoras se enfrentan con el muro del dinero, el muro del Derecho (contrario a los derechos), la ideología del carácter sagrado de la propiedad y el muro conservador de las instituciones».
«penetrando en las fisuras de las contradicciones entre lo legítimo y lo legal, los derechos sociales y los intereses individuales, los principios constitucionales y cartas de derechos humanos frente a las normas protectoras de los privilegios. Cuestiones básicas contrarias a la democracia urbana que es preciso y viable enfrentar, pues son necesarias, comprensibles y escandalosas por mucho que se hayan naturalizado. Como son la renta especulativa del suelo que, mediante la fiscalidad y el planeamiento, puede prácticamente eliminarse; la apropiación por el sector público o social de una gran parte del sistema financiero; la creación de estructuras políticas territoriales que integren poblaciones distintas y apliquen programas redistributivos; y la gestión social o cívica de los servicios básicos y el desarrollo de la ciudad colaborativa» (ídem).
«Pero si la ciudad es un proceso, los derechos se legitiman, se precisan y se amplían. Algunos decaen por no corresponder a la realidad de cada época y lugar, otros nuevos emergen (como el acceso a las TIC) o se legitiman (la renta básica universal). El derecho a la ciudad sirve para caminar, como diría Galeano. Es más un horizonte que un catálogo que se implanta como algo acabado. En los procesos urbanos, los movimientos y organizaciones sociales y políticas y las instituciones que los representan deben orientar su acción por el conjunto de derechos ciudadanos. Para ello, deben definir objetivos prioritarios que son distintos en cada época y que pueden variar los contenidos concretos en cada país y ciudad».
«1. La desigualdad debe ser el objetivo principal y prioritario, junto con la sostenibilidad, de cualquier actuación en el territorio. Incluimos la reducción radical de desigualdad de ingresos y las políticas fiscales y por otros medios que limiten los salarios y otros ingresos; la renta básica garantizada para todos; la justicia espacial, que no solo evite las exclusiones sino que compense mediante el urbanismo, la vivienda y los servicios y espacios públicos otras desigualdades; la redistribución del tiempo y de la cultura; el reconocimiento social y cultural de todas las personas y los colectivos; el acceso por igual a la información (por ejemplo el data city citado respecto a las smart cities); la mezcla social en todas las zonas de la ciudad; los bienes básicos deben ser comunes y garantizados para todos; el acceso a la vivienda y el entorno dignos y adecuados; la generación de empleo y la formación continuada; la protección social (pensiones dignas) y la acción positiva para sectores vulnerables; el acceso universal a la educación y la sanidad de calidad; la igualdad político-jurídica de todos los habitantes del territorio; la seguridad en todas sus dimensiones, etc.
2. La sostenibilidad en tanto que objetivo prioritario significa que el urbanismo y la economía deben estar a su servicio. Competir, sí, pero en sostenibilidad. Supone acabar con la especulación y el urbanismo difuso. Aplicar criterios de austeridad en las prioridades, concepción, costes de producción y mantenimiento de las infraestructuras; denuncia de la arquitectura ostentosa y despilfarradora, en síntesis, el “calatravismo”. Una gestión austera de los recursos limitados por medio de una gestión cívica. La generación de empleo en gran parte en la economía verde y social. La actividad productiva vinculada tanto a las habilidades de la población como a la creatividad no únicamente de los tecnólogos y académicos; también existe la innovación y la creatividad colectivas y de la ciudadanía activa.
3. El gobierno del territorio es un instrumento indispensable para que las dos estrategias citadas –desigualdad y sostenibilidad– se puedan desarrollar. Existe a la vez una inflación institucional, pues se multiplican entidades políticas o administrativas, agencias y organismos autónomos, etc., y las instituciones preexistentes se mantienen. Se produce un absurdo: a más complejidad institucional, más opacidad. Las ciudades y regiones metropolitanas son un caso extremo. Un gobierno y una asamblea metropolitanos de base electiva y los municipios como entes descentralizados parecen más que suficientes, pero no es suficiente la reorganización política del territorio. Se requieren competencias ejecutivas y recursos adecuados para las competencias y funciones que se derivan de los objetivos indicados, como son la fiscalidad propia y la gestión de las grandes infraestructuras. Solamente las leyes están por encima de las grandes ciudades» (ídem).
2.Ciudades sostenibles y más inteligentes

2.1.«Nuevos» problemas urbanos, ¿nuevos urbanismos?
2.2.Urbanismo sostenible y ecourbanismo
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Promover un sistema político democrático garantizando a la ciudadanía una participación efectiva en la toma de decisiones para el bien común.
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Impulsar la consolidación de un sistema económico capaz de crear excedentes y conocimiento a partir de una base autónoma y constante.
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Desarrollar un sistema productivo compatible y orientado a cumplir con preservar el medio ambiente.
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Implantar un sistema tecnológico con capacidad de investigar y producir conocimiento que aporte nuevas soluciones ambientales.
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Fomentar un sistema de alcance internacional que promueva modelos globales y locales duraderos de comercio y de finanzas.
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Desarrollar un sistema para la Administración flexible y con capacidad de corrección de manera autónoma.
2.3.Urbanismo ecológico
«el urbanismo se toma el calificativo de ecológico cuando pasa por el tamiz de un conjunto de restricciones (condicionantes e indicadores) que parametrizan el grado de acomodación de un determinado planeamiento, y también de un tejido consolidado, a un modelo intencionado de ciudad más sostenible en la era de la información» (ídem).
«¿El urbanismo responde a los retos actuales y a las disfunciones que están relacionadas con estos? La respuesta es que claro que no. La energía, el agua, los flujos materiales, la explosión de la distribución urbana, el uso masivo del vehículo privado, las telecomunicaciones, etc., son, entre otras, variables que atienden a los retos de la sociedad actual y que no podían ser ni siquiera imaginados por la sociedad del siglo XIX. El caso es que el urbanismo actual está anclado en un urbanismo que bebe del funcionalismo y tampoco es capaz de abordar las variables que, a distintas escalas, es urgente tener en cuenta» (ídem).
«que proyecta no uno sino tres planos con el mismo detalle y a la misma escala que los urbanistas actuales proyectan el plano urbanístico en superficie. Proyectar un plano en altura y un plano del subsuelo, aparte del plano en superficie, permite que el conjunto de variables que atienden a los retos actuales puedan ser plasmadas de un modo o de otro. Tres planos a escala urbanística (no a escala arquitectónica y/o proyectual), proyectados en horizontal y luego religados en vertical tienen que proporcionarnos el armazón de los modelos urbanos anunciados» (ídem).
«Ni la opción “cosmética” –optimista y por banal–, ni la “tecnológica” –triunfalista y comercialista–, ni la “ambientalista” –conservadora e inmovilizadora– suponen una verdadera alternativa para la construcción de modelos urbanos viables» (ídem).
2.4.Urbanismo táctico
«cartografía del papel de los ciudadanos y habitantes como productores de ciudad bottom-up frente a la visión top-down de la planificación urbanística tradicional» (ídem).
«la imagen oficial de la ciudad tiende a centrarse en las consecuencias de la planificación y en la parte tangible que representan la arquitectura y las infraestructuras “duras”. De este modo, la ciudad informal o emergente tiende a pasar desapercibida. Pero si somos capaces de realizar una lectura más amplia y profunda de los procesos urbanos, descubrimos que es posible aprender de la ciudad informal, y que este tipo de procesos “no oficiales” o “no planificados” tienen una importancia mayor de la que nos proporciona la visión convencional» (ídem).
2.5.Ciudades resilientes, conectadas y colaboradoras
3.Participación social y acciones de colectivos ciudadanos

D. Harvey (2009, 8 de septiembre). «En el espacio público ideal el conflicto es continuo». El País (entrevista). http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F2007%2F09%2F08%2 Fbabelia%2F1189207032_ 850215.html&t=MjE3ZjhhYjY 1ODhiYTc4MTk4NTI5MzQwO DYxYzE3 MTRiYjE5MTM 0MCx6QnBSYXd1YQ%3D%3D. Tal vez sea en la evolución continua del conjunto de las reflexiones y de las acciones, en los encuentros y desencuentros entre actores y acciones, donde radica la posibilidad de avanzar en este «proyecto imposible», donde reside la verdadera inteligencia de las ciudades.
4.Smart cities y un urbanismo más inteligente

4.1.La smart city
5.Urbanismo emergente y tecnologías de la información y la comunicación

6.Temas urgentes para un nuevo planeamiento. Encuentro preparatorio de Habitat III en Barcelona

6.1.La importancia de las ciudades
6.2.Diagnóstico actual de las ciudades
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Hay una persistencia de la dificultad de acceso a una vivienda digna y un entorno habitable. Se vulnera el derecho a la vivienda.
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Hay una persistencia de una movilidad invasora del espacio público, segregadora socialmente y desequilibradora ambientalmente. Se vulnera el derecho al espacio público y a la movilidad.
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Hay una persistencia de un modelo económico de explotación y precariedad laboral, con concentración de la riqueza y alto impacto ambiental. Se vulnera el derecho al empleo digno y al intercambio económico justo.
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Hay una persistencia de un modelo social segregador que mercantiliza el ocio, la cultura y el entretenimiento. Se vulnera el derecho al encuentro e intercambio social. Ágoras.
6.3.Balance de las reflexiones compartidas en el encuentro
6.4.Resumen de las propuestas de la Declaración de Barcelona
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Derecho a la vivienda. La planificación y gestión de la vivienda debe ser un objetivo para el beneficio común y no un instrumento de mercantilización de las necesidades del ciudadano y de la ciudad y el territorio.
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Derecho al espacio público y a la movilidad. La movilidad y la accesibilidad son clave para la justicia distributiva de servicios, beneficios y de bienes, así como para el fomento de las relaciones de proximidad, la cohesión social y la promoción de ciudades ambientalmente más sostenibles.
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Derecho al empleo digno y al intercambio económico justo. La distribución más justa y equitativa de los ingresos, relacionada con todo lo que esto afecta como oportunidad de cubrir necesidades por parte del ciudadano, y también la responsabilidad de las actividades económicas respecto al medio ambiente y la verificación de sus externalidades, son parte del reto de la planificación del territorio y gestión de las ciudades.
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Derecho al encuentro e intercambio social. Ágoras. La provisión pública de bienes públicos (y a veces privada), junto con la planificación pública y privada de la comunidad urbana «para el interés público», ahora son de gran importancia en la configuración de la ciudad contemporánea.
«La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede divorciarse de la cuestión de qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de relaciones sociales buscamos, qué relaciones con la naturaleza mantenemos, qué estilo de vida deseamos o qué valores estéticos tenemos» (Harvey).