Proceso penal

El advenimiento del estado constitucional supuso el reconocimiento de unos valores individuales y políticos de carácter superior, que operan como principios orientadores de todo el ordenamiento jurídico. La proyección de estas bases en el derecho penal se muestra esencial, no solo por la naturaleza de los derechos subjetivos concernidos por esta jurisdicción, sino considerando además la antigüedad de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Una ley cuya regulación es insuficiente en cuanto a algunas exigencias procesales que apenas estaban perfiladas en el momento de su promulgación y que han venido desarrollándose en la segunda mitad del siglo XX, y una ley que no recoge tampoco los novedosos métodos de investigación de la criminalística actual.

Es pues evidente que cualquier profesional de la litigación penal debe conocer con profundidad las reglas del procedimiento establecido para la depuración de la responsabilidad criminal y que este conocimiento no puede limitarse a las normas procedimentalistas recogidas en nuestro actual texto legal, sino que debe prestar una particular atención a la doctrina constitucional que las contemporiza. Nuestra ley da respuesta concreta a innumerables cuestiones, pero son más las materias que suscitan hoy problemas procesales de envergadura y que no pueden ser resueltas de manera intuitiva, por más que nuestra ley procesal guarde silencio sobre ellas. El abogado debe conocer la consolidada doctrina constitucional existente y percibir además los principios que la han inspirando, de manera que puedan orientarle –a modo de diapasón– para abordar problemas inéditos y complejos que se suscitan diariamente ante los tribunales. El tratamiento de la denuncia anónima, las actuaciones de investigación injerentes en los derechos fundamentales, las intervenciones corporales no consentidas, las reglas de nulidad o exclusión de la prueba ilícitamente obtenida y las excepciones a esta regla de exclusión o su divergencia respecto de la prueba irregular son solo algunas de las cuestiones nucleares definidas en estos años; sin que falten tampoco problemas cotidianos de menor superficie, pero igual calado y trascendencia práctica, como el secreto del sumario, el valor probatorio del testigo único, el testigo anónimo, el testigo oculto, los agentes infiltrados, el testimonio entre parientes, el valor del testimonio acusatorio de otros inculpados, los testigos de referencia, la prueba indiciaria, la valoración del silencio del acusado, la motivación de las resoluciones judiciales, la nulidad de actuaciones o, tantas y tantas cuestiones no reguladas, pero cuya resolución tiene una importancia capital a la hora de evaluar la inocencia o culpabilidad de un cliente o para definir la validez de su imputación o enjuiciamiento.

La asignatura pretende así que las estrategias de defensa del futuro abogado no se limiten a negar la realidad de los hechos enjuiciados o cuestionar la participación en ellos de su cliente, sino que dominen las reglas propias del proceso justo y puedan defender una armónica simbiosis entre la realidad que muestran las pruebas y la manera como estas pruebas deben incorporarse al proceso, no solo desde una consideración procedimentalista, sino atendiendo fundamentalmente a las reglas del proceso justo.